Cinco figuras de la oposición de izquierda, María José Pizarro, Amaranta Hank, Mafe Carrascal, Lalis y David Racero, coincidieron en la necesidad de que el Gobierno nacional active los mecanismos de emergencia disponibles y recurra a la cooperación internacional para atender la crisis humanitaria que dejó el reciente terremoto en el país. Según Infobae, los cinco dirigentes políticos hicieron pública su posición a través de mensajes en redes sociales en los que reclamaron al presidente Abelardo de la Espriella una respuesta más contundente.
El tono de las declaraciones fue directo. Los críticos cuestionaron la falta de una solicitud formal de asistencia al sistema de Naciones Unidas y exhortaron al Ejecutivo a "gobernar" ante la magnitud de la emergencia, como recogió el titular de Infobae. La coincidencia de cinco voces disonantes en un mismo día refleja que la presión política sobre el manejo de la tragedia empezó a articularse desde varios flancos del espectro opositor.
Colombia es un país sísmicamente activo por su ubicación sobre fallas geológicas como la de Romeral y la de Bucaramanga, y los terremotos de gran magnitud han sido recurrentes a lo largo de su historia. Tras eventos como el terremoto de Armenia en 1999 o el de Popayán en 1983, el país acudió en distintas ocasiones a la ayuda internacional. Esa trayectoria marca un precedente que las voces citadas invocan al pedir que se repita el procedimiento en esta ocasión.
El sistema nacional de gestión del riesgo, encabezado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuenta con protocolos para coordinar la respuesta inmediata y canalizar la asistencia externa. Cuando la magnitud del desastre supera la capacidad nacional, el país puede acudir formalmente al sistema de Naciones Unidas, a través de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), o solicitar apoyo bilateral y regional a través de mecanismos como el Acuerdo de Cartagena o la Comunidad Andina.
Más allá del debate sobre si el Gobierno ya agotó esos pasos o no, las consecuencias del terremoto afectan a miles de familias en los municipios donde se reportó mayor impacto. La crítica política apunta a que la demora en activar canales internacionales de cooperación podría traducirse en un retraso en el envío de kits de atención, equipos de rescate, apoyo logístico o financiamiento para la reconstrucción de viviendas, acueductos y vías terciarias, que suelen ser las más afectadas en sismos de gran profundidad.
Las reacciones opositoras citadas por Infobae se producen en un contexto de alta sensibilidad social. En anteriores emergencias, el llamado a la solidaridad internacional ha sido respondido por organismos como la Cruz Roja, la OPS y agencias del sistema ONU, que envían equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica y apoyo psicosocial. Los críticos sostienen que activar esa red con rapidez salva vidas en las primeras 72 horas, cuando se concentra la mayor parte de los rescates.
Desde el lado del Gobierno, hasta ahora no se ha informado públicamente, según la fuente, sobre una solicitud formal de activación de los mecanismos internacionales. La ausencia de ese anuncio es el núcleo de la controversia. Para los críticos, esa decisión, o falta de ella, define la diferencia entre una atención oportuna y una respuesta tardía frente a una emergencia de gran escala.
Queda por verse si en los próximos días el Ejecutivo da a conocer el tipo de ayuda internacional recibida, los términos de cualquier cooperación bilateral o multilateral, y los plazos de reconstrucción. Mientras tanto, la presión política de la oposición seguirá marcando la agenda mediática y obligará al Gobierno a rendir cuentas públicas sobre el manejo de la crisis.