El Gobierno Nacional expidió un decreto que deja sin efectos la resolución que prohibía la aspersión con glifosato en Colombia, según conoció la opinión pública en las últimas horas. El instrumento vuelve a abrir la puerta al uso de este mecanismo en la lucha contra los cultivos de uso ilícito, aunque su reanudación no será automática.
De acuerdo con el extracto disponible, el decreto en cuestión no ordena por sí mismo el reinicio de las fumigaciones. Lo que hace es remover el obstáculo normativo que impedía recourir a este método, por lo que cualquier nueva jornada de aspersión dependerá de decisiones administrativas y operativas adicionales que las autoridades competentes deberán adoptar.
Colombia había suspendido la aspersión aérea con glifosato tras la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la resolución 0007 de 2020 del Ministerio de Justicia, que regulaba el programa. A partir de ese fallo, el país quedó sin un marco administrativo vigente que permitiera reanudar las fumigaciones, lo que dejó en pausa uno de los instrumentos tradicionales de la política de lucha contra las drogas.
La decisión del Gobierno llega en un contexto de presión por los resultados en la reducción de los cultivos ilícitos y de debate sobre la efectividad de los métodos manuales de erradicación. Distintos sectores han planteado que las herramientas disponibles hasta ahora no han logrado los objetivos esperados y que se requiere explorar alternativas adicionales, dentro del marco legal vigente.
El anuncio generó reacciones divididas en el espectro político. Sectores que respaldan la medida argumentan que el glifosato es una herramienta útil para recuperar territorios afectados por los cultivos ilegales y fortalecer la presencia institucional en zonas rurales apartadas. También señalan que su uso está sujeto a protocolos de seguridad y a la coordinación con las autoridades ambientales.
Por el contrario, voces opositoras advierten sobre los riesgos ambientales y de salud pública asociados al químico, y cuestionan la transparencia en los criterios que se usarán para autorizar nuevas aspersiones. Organizaciones de la sociedad civil han pedido que cualquier decisión se someta a controles técnicos independientes y a un seguimiento riguroso de los impactos en comunidades y fuentes hídricas.
La reanudación efectiva de la aspersión con glifosato dependerá ahora de la expedición de una nueva regulación por parte del Ministerio de Justicia, del cumplimiento de los protocolos de seguridad definidos por el Consejo Nacional de Estupefacientes y de la verificación de los compromisos ambientales adquiridos en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.
Para los ciudadanos, el debate toca fibras sensibles. Comunidades campesinas e indígenas temen los efectos sobre cultivos lícitos y fuentes de agua, mientras que habitantes de zonas cocaleras esperan alternativas económicas reales. El Gobierno deberá ahora demostrar que cuenta con un plan integral que combine seguridad, sustitución voluntaria y protección ambiental antes de reactivar este instrumento.