La reciente decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de revocar la resolución expedida por el Gobierno Petro sobre el páramo de Santurbán generó reacciones inmediatas en redes sociales. Según Infobae, los políticos Esmeralda Hernández, Ariel Ávila y Yolanda Silva utilizaron sus cuentas de X para expresar su inconformidad con la medida.
El extracto consultado no precisa el contenido exacto de los mensajes, pero la fuente destaca una de las frases más fuertes: el calificativo de "el peor enemigo de los animales". Este tipo de reacciones reflejan el tono del debate que se ha mantenido en Colombia en torno a la delimitación de los páramos, un tema que ha generado divisiones entre comunidades, gremios mineros, ambientalistas y distintos gobiernos.
Los páramos son ecosistemas de alta montaña que prestan servicios ambientales clave para el país, especialmente la regulación del recurso hídrico que abastece acueductos de varias ciudades. Por esa razón, las decisiones sobre su delimitación suelen tener repercusiones en la política ambiental, en la actividad productiva y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha fijado precedentes sobre la protección de estas zonas.
La resolución del Gobierno Petro que ahora fue derogada hacía parte de un proceso más amplio de delimitación de páramos en el país, ordenado por la Corte Constitucional. Las decisiones que se adopten sobre el páramo de Santurbán, uno de los más estudiados del país por su cercanía con Bucaramanga y su importancia en el suministro de agua, tienen efectos directos sobre la vida cotidiana de cientos de miles de habitantes.
Según Infobae, las reacciones recogidas corresponden a figuras con posturas ambientalistas conocidas, que han cuestionado en otras ocasiones la explotación minera en ecosistemas sensibles. La difusión de sus mensajes en X amplificó la discusión y la llevó a un público más amplio, en un momento en que el nuevo gobierno presenta su enfoque de manejo ambiental.
Hasta ahora, el extracto revisado no detalla la justificación oficial del gobierno para revocar la norma ni el alcance específico del acto administrativo derogado. Tampoco se reportan pronunciamientos de los ministerios de Ambiente o de Minas, ni de las autoridades regionales de Santander y Norte de Santander, territorios donde se localiza el páramo.
Quedan varios puntos por esclarecer en los próximos días: el texto oficial de la nueva decisión, sus efectos sobre los procesos mineros en la zona y la posición que adoptarán las autoridades ambientales, los gremios y la ciudadanía afectada. La controversia revive un debate estructural sobre cómo equilibrar la protección de los ecosistemas andinos con la actividad económica en sus áreas de influencia.