El presidente colombiano Abelardo de la Espriella enfrenta un nuevo cuestionamiento a su política de seguridad por la aparición de casos vinculados a falsos positivos, según reportó el diario La Jornada. El tema reabrió el debate nacional sobre la conducta de la Fuerza Pública y los mecanismos de control interno en las Fuerzas Militares.
Los falsos positivos hacen referencia a una práctica documentada en Colombia desde hace más de dos décadas: la presentación de civiles asesinados como bajas en combate por parte de miembros del Ejército. El fenómeno fue especialmente grave entre 2002 y 2008, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y dejó miles de víctimas en todo el país, según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas.
La revelación de nuevos casos activa preguntas incómodas sobre qué tan efectivos son los filtros de supervisión dentro de la fuerza pública. Organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la CIDH y Human Rights Watch, han insistido en que la reincidencia de estas prácticas suele estar atada a incentivos perversos, como el conteo de bajas, la presión por resultados operativos y la falta de controles independientes.
Para la ciudadanía, la discusión no es menor. Familias campesinas, jóvenes de zonas rurales y líderes comunitarios han sido las víctimas más frecuentes de estos hechos, según los patrones documentados por la Defensoría del Pueblo. Cuando un caso de falso positivo se conoce, la confianza de la población en las instituciones militares se resiente y se multiplican las denuncias contra la fuerza pública, lo que dificulta el trabajo legítimo en territorios afectados por la violencia.
El gobierno de De la Espriella, que llegó al poder con una apuesta de mano firme contra el crimen y los grupos armados, queda ahora ante el reto de demostrar que su estrategia de seguridad respeta los derechos humanos. La política oficial se había planteado como un eje central del mandato, con énfasis en resultados operativos contra el narcotráfico y las disidencias, según expuso el propio Ejecutivo en su momento.
Sectores de la oposición y organizaciones de víctimas han pedido que se abran investigaciones disciplinarias y penales contra los uniformados involucrados, así como reformas profundas en los sistemas de estímulos y ascensos al interior del Ejército. También han solicitado la activación de los protocolos de la JEP y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para evitar la repetición.
Desde la institucionalidad, la Contraloría y la Procuraduría tienen competencias para investigar presuntas irregularidades en la fuerza pública y sancionar a los responsables. La JEP, por su parte, sigue avanzando en el Caso 03, dedicado a los falsos positivos, donde comparecen altos mandos militares por su responsabilidad en los hechos documentados hasta 2016.
Por ahora, el gobierno no ha detallado una respuesta pública concreta frente a las nuevas denuncias. Lo que queda en el aire es si se adoptarán medidas urgentes de depuración, si habrá acompañamiento a las víctimas y si el discurso oficial de seguridad se ajustará para incluir garantías explícitas de respeto a los derechos humanos. El impacto político del caso dependerá de la velocidad y la transparencia con la que se maneje.
En cualquier escenario, el episodio vuelve a poner en el centro una tensión histórica en Colombia: cómo combatir con efectividad a los grupos armados sin reproducir las violaciones que han marcado la historia reciente del conflicto.Resolver esa ecuación es la prueba de fuego para cualquier política de seguridad.