El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia directa al gobernador de Nariño en los últimos días, según lo reveló Revista Semana. La tensión entre el Gobierno nacional y el mandatario regional se originó después de que el gobernador lamentara públicamente el final de la política de paz total y la defendiera como una herramienta válida para la convivencia en su departamento.
De la Espriella reaccionó con firmeza a esas declaraciones. El cruce de mensajes pone sobre la mesa una diferencia política entre la Casa de Nariño y la Gobernación sobre la estrategia más adecuada para enfrentar a los grupos armados que operan en esa zona del suroccidente colombiano, donde la violencia y la presencia de organizaciones ilegales han sido una preocupación constante.
Nariño es uno de los departamentos con mayor complejidad en materia de orden público. Allí confluyen disidencias, grupos armados organizados y economías ilícitas que afectan a comunidades enteras. La postura del gobernador, al defender la paz total, choca con el giro que el actual gobierno le ha dado a la política de seguridad, centrado en el debilitamiento militar de esas estructuras.
El contexto nacional es clave para entender la advertencia presidencial. La figura de la paz total fue uno de los ejes del gobierno anterior y contemplaba el diálogo con distintos grupos armados como mecanismo para reducir la violencia. El actual gobierno ha promovido, en cambio, una línea de mano firme y ha cuestionado los resultados de esa aproximación, por lo que las voces que la defienden generan escozor en la administración actual.
Para los ciudadanos de Nariño, el choque entre el presidente y su gobernador tiene efectos prácticos. La disputa por el rumbo de la política de seguridad puede traducirse en decisiones distintas sobre presencia militar, inversión social y mecanismos de protección a líderes y comunidades, justo en un territorio donde esos factores pesan a diario.
La advertencia de De la Espriella también se lee en clave institucional. Los mandatarios departamentales suelen pronunciarse sobre temas que afectan a sus regiones, y el Gobierno nacional responde cuando considera que esas posiciones se apartan del enfoque oficial. En este caso, la respuesta presidencial fue pública y directa, lo que eleva la presión política sobre el gobernador.
Según el extracto de Revista Semana, la alerta del presidente se produjo después de que el gobernador lamentara el fin de la paz total y la defendiera en recientes declaraciones. Aunque la nota no precisa la fecha exacta del cruce de mensajes, sí confirma que la discusión ocurre en un momento sensible para la seguridad del suroccidente colombiano.
Queda por ver si el gobernador responde con nuevas declaraciones o si se abren canales de diálogo entre Bogotá y Pasto. Lo que ya quedó en evidencia es que el gobierno de De la Espriella no está dispuesto a dejar pasar sin réplica las defensas públicas de la paz total, y que el debate sobre el modelo de seguridad seguirá marcando la relación entre el Ejecutivo y los territorios más afectados por la violencia.
