La Federación Nacional de Departamentos encendió las alarmas sobre el efecto fiscal que tendrá, en 2027, el aumento del 23% al salario mínimo decretado por el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. La advertencia llega porque ese incremento se convierte en la base de cálculo de muchas transferencias y compromisos de gasto de los entes territoriales.
El salario mínimo no solo define el ingreso de los trabajadores, sino que funciona como ancla para una parte importante del presupuesto público. A partir de su valor se actualizan contratos, aportes, multas y transferencias que financian programas en las regiones.
Las gobernaciones sostienen que los municipios, en especial los más pequeños, no están preparados para absorber un salto de esa magnitud. Por eso, piden al gobierno nacional revisar la forma en que se categorizan los municipios, un sistema que ordena a los entes locales según su población, ingresos y capacidad institucional.
Esa categorización determina cuánto dinero transfiere la Nación, qué clase de proyectos pueden ejecutar los alcaldes y qué tan robustos son los esquemas de vigilancia. Cambiarla implicaría reasignar recursos y rediseñar reglas que llevan décadas funcionando con pocos ajustes.
Los departamentos argumentan que la clasificación actual quedó corta frente a los retos fiscales que dejó la decisión del gobierno Petro. Aseguran que con categorías desactualizadas los municipios reciben menos de lo que requieren para prestar servicios básicos como salud, educación y agua potable.
El llamado de la Federación ocurre en un momento sensible para las finanzas públicas territoriales. Varios departamentos vienen reportando estrecheces para pagar nóminas, mantener hospitales y financiar el transporte escolar, en parte por la acumulación de obligaciones con el sistema de salud.
La petición se dirige al gobierno de Abelardo de la Espriella y al Congreso, que tendrán la última palabra sobre una eventual reforma a la categorización. Mientras eso se discute, los mandatarios departamentales esperan que el Ministerio de Hacienda abra una mesa técnica para cuantificar el impacto real del aumento salarial.
Por ahora, la alerta quedó planteada. Lo que sigue es una negociación entre el gobierno nacional, los departamentos y los municipios para definir si el cambio se aplica antes de 2027, cuando el alza salarial empiece a sentirse con toda su fuerza en las cuentas regionales.