La Cancillería colombiana envió un derecho de petición en el que se refiere a las decisiones de abrir una embajada en Jerusalén y de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, según conoció EL TIEMPO. El documento detalla los argumentos que el gobierno de Abelardo de la Espriella emplea para sustentar ambos anuncios, los cuales habían generado críticas desde distintos sectores políticos y académicos del país.
Las dos decisiones forman parte de un giro en la política exterior colombiana hacia Medio Oriente. La apertura de una sede diplomática en Jerusalén implica romper con la postura tradicional de Colombia, que desde 1948 mantuvo su embajada en Tel Aviv, en línea con el consenso internacional de no reconocer la soberanía israelí sobre la ciudad disputada. El reconocimiento de los Altos del Golán, por su parte, se suma al puñado de países que han adoptado esa misma posición, entre ellos Estados Unidos.
El derecho de petición, según el extracto conocido por EL TIEMPO, hace referencia explícita a las decisiones que generaron polémica en su momento. Aunque el medio no publicó el contenido íntegro del documento, su existencia confirma que la Cancillería ha debido responder formalmente a las solicitudes de explicación que distintas instancias elevaron tras los anuncios. La figura del derecho de petición está contemplada en la Constitución colombiana como un mecanismo de acceso a información pública.
El contexto internacional pesa en la decisión. Jerusalén fue anexionada por Israel tras la guerra de 1967 y su estatus final es uno de los asuntos más sensibles del conflicto palestino-israelí. La mayoría de los países mantienen sus embajadas en Tel Aviv y solo algunos, como Estados Unidos y Guatemala, trasladaron sus sedes a Jerusalén. Los Altos del Golán, también capturados en 1967, fueron reconocidos como territorio israelí por Washington en 2019, decisión que no contó con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional.
Para la ciudadanía colombiana, el cambio tiene implicaciones prácticas y simbólicas. En lo práctico, los trámites consulares para colombianos en Israel podrían trasladarse a la nueva sede en Jerusalén, lo que obligaría a ajustes logísticos. En lo simbólico, la decisión redefine la alineación diplomática del país en un conflicto que involucra a la población palestina, incluida una comunidad de origen palestino residente en Colombia, así como a sectores cristianos y judíos que han expresado posturas distintas sobre el tema.
En el Congreso y en la opinión pública las reacciones han sido divididas. Sectores cercanos al gobierno han defendido las decisiones como una modernización de la política exterior y un reconocimiento de hechos geográficos y geopolíticos sobre el terreno. Opositores y analistas han cuestionado que ambos pasos se hayan dado sin debate amplio en el Legislativo y han advertido sobre el impacto en las relaciones con el mundo árabe y con organismos multilaterales como las Naciones Unidas, donde la posición mayoritaria rechaza la anexión de Jerusalén y del Golán.
Quedan varios frentes abiertos. La Cancillería deberá precisar la fecha de apertura de la embajada en Jerusalén, el presupuesto destinado y el plan de transición desde Tel Aviv. También falta conocer la postura oficial frente a la solución de dos Estados, el reconocimiento del Estado palestino y el alcance del respaldo diplomático en foros internacionales. El derecho de petición conocido por EL TIEMPO es apenas la primera respuesta escrita de la entidad; se esperan nuevos pronunciamientos a medida que se acerque la materialización de las medidas.