El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) puso en marcha un proceso de contratación en el Secop para adquirir el servicio del software Talkwalker, una plataforma especializada en monitoreo de menciones y percepción en medios digitales y redes sociales. La información fue publicada a través de los canales oficiales de contratación estatal.
Talkwalker es una herramienta de escucha social que permite rastrear conversaciones en redes sociales, portales de noticias, foros y otros espacios digitales. Empresas y gobiernos la usan para medir la percepción pública sobre marcas, instituciones, políticas o personajes, a partir de análisis de volumen de menciones, sentimiento, alcance y tendencias.
El hecho de que la Presidencia adelante este proceso durante el gobierno de Abelardo de La Espriella coincide con el inicio de un nuevo periodo presidencial, etapa en la que suele intensificarse el interés oficial por medir la opinión pública. La herramienta se ubicaría entre los recursos más poderosos del mercado para este tipo de análisis, según describen sus proveedores.
La publicación del proceso en el Secop lo somete a las reglas de transparencia y publicidad de la contratación pública colombiana. Cualquier ciudadano puede revisar los pliegos, las condiciones técnicas y el valor estimado de la contratación, una vez el proceso avance de su fase de cotización.
Aunque el extracto difundido no precisa el monto ni los plazos del proceso, el llamado a cotización es el paso previo a la apertura formal de un proceso contractual. En esta etapa, el Dapre suele invitar a proveedores o recibir ofertas para definir precios antes de estructurar una licitación o contratación directa.
Para la ciudadanía, este tipo de contrataciones genera debate sobre la pertinencia y el costo de invertir en herramientas de monitoreo, frente a otras prioridades presupuestales. También suscita dudas sobre qué se entiende por percepción del gobierno, qué tipo de datos se recopilan y cómo se usan.
El uso de plataformas de escucha social por parte de entidades oficiales no es nuevo en Colombia ni en otros gobiernos de la región. Distintas dependencias han contratado servicios similares para rastrear tendencias, crisis informativas o campañas de desinformación, siempre dentro del marco legal de manejo de datos.
Queda pendiente conocer los detalles técnicos del proceso: el valor total, el proveedor seleccionado, la duración del contrato y los indicadores que la Presidencia pretende medir con la herramienta. Esa información se conocerá a medida que el proceso avance en el Secop y se publiquen los documentos respectivos.