La Presidencia de la República habría emitido nuevas directrices para modificar el trato con los medios de comunicación, en particular para reducir la frecuencia de entrevistas y ruedas de prensa que ofrecen los funcionarios del Gobierno nacional, según reportó El Nuevo Día. El cambio apunta a reorganizar la vocería oficial ante la opinión pública.
De acuerdo con la información publicada por ese medio, las nuevas instrucciones fueron comunicadas al interior del equipo de Gobierno. Aunque los detalles completos del protocolo no se conocen en su totalidad, el reporte señala que se busca centralizar y ordenar la manera en que los distintos despachos responden a los requerimientos de la prensa.
En el nuevo esquema aparece con peso el asesor Miller Soto, a quien la nota identifica como una figura determinante en la implementación de las directrices. El Nuevo Día describe su papel como relevante dentro del flujo de decisiones sobre comunicación presidencial, lo que sugiere que la vocería adquiere un perfil más restringido y supervisado.
La relación entre la Casa de Nariño y los periodistas ha sido un tema sensible en distintas administraciones. Los cambios en los protocolos de atención a medios suelen provocar reacciones tanto en los reporteros que cubren la fuente como en los gremios periodísticos, que piden garantías para el acceso a la información pública.
Para los ciudadanos, el impacto es indirecto pero relevante. Si se reducen las ruedas de prensa y las entrevistas, la información oficial llega con menos diversidad de voces y depende más de los canales controlados por la propia Presidencia, lo que puede limitar el contraste informativo y la fiscalización desde la prensa.
Desde la óptica institucional, las modificaciones en la vocería también reconfiguran el rol de los ministerios y entidades adscritas. Funcionarios que solían atender directamente a los medios podrían ahora remitirse a un conducto único, una práctica que en otras ocasiones ha generado críticas por reducir la transparencia.
El Nuevo Día no detalla sanciones por incumplimiento de las nuevas reglas ni especifica desde qué fecha rigen. Tampoco menciona pronunciamientos oficiales del Gobierno que confirmen o amplíen el contenido del reporte, por lo que el alcance preciso de la medida todavía es materia de verificación pública.
Queda por verse si la Presidencia emitirá un comunicado oficial que aclare el protocolo, y si los gremios de periodistas y los medios de comunicación solicitarán espacios formales para conocer los criterios con los que se autorizará o restringirá cada entrevista. Por ahora, el reporte marca el inicio del debate sobre los límites entre la estrategia de comunicación y el derecho a la información.