El Departamento Administrativo de la Presidencia envió una comunicación a los ministerios y entidades del Gobierno nacional con instrucciones precisas sobre cómo aplicar la política de austeridad vigente. Según lo reportado por Revista Semana, la directriz refuerza los topes y restricciones que ya regían para el funcionamiento de las entidades, pero esta vez con un nivel de detalle mayor.
La circular, dirigida a ministros y directores de entidades, pone el foco en tres frentes. El primero son los viajes: se limita la autorización de desplazamientos que no sean estrictamente necesarios para la gestión institucional. El segundo frente son las reuniones presenciales, para las cuales se pide privilegiar los mecanismos virtuales siempre que sea posible, sin afectar la atención al ciudadano.
El tercer frente, quizá el más visible, es el de la comunicación oficial. La Presidencia pidió evitar piezas publicitarias o de divulgación cuyo propósito central sea exaltar la figura de un funcionario, es decir, contenido enfocado en la imagen personal más que en la información de interés general. El propósito declarado es que la pauta oficial se concentre en informar a la ciudadanía sobre programas, decisiones y resultados, y no en construir imagen.
La medida se inscribe en una línea de política que el Gobierno venía aplicando desde el inicio de la administración. La política de austeridad en el Estado colombiano se apoya en normas como el Decreto 1068 de 2015, que establece criterios generales de racionalización del gasto público para entidades de la Rama Ejecutiva, y en disposiciones complementarias que cada administración ajusta según sus prioridades. El objetivo formal es contener el uso de recursos públicos en rubros que no impactan directamente al ciudadano.
Para ministerios como Defensa, Salud, Educación o Hacienda, el alcance es relevante porque concentran buena parte de los rubros de transporte, logística de eventos y contratación de campañas comunicativas. Limitar los viajes implica reorganizar agendas de inspección territorial, mientras que reducir reuniones presenciales obliga a dependencias con trámites sensibles, como las de protección social o justicia, a fortalecer sus canales digitales.
En el frente de comunicación, la restricción apunta a una preocupación que distintos órganos de control han reiterado: el uso de recursos públicos para promoción personal de servidores públicos. La propia Contraloría General de la República y la Procuraduría han señalado en distintas oportunidades la necesidad de diferenciar entre la comunicación institucional, que cumple una función pública, y la autopromoción, que no debería financiarse con presupuesto del Estado.
La aplicación práctica dependerá de cómo cada ministerio interprete y operacionalice la directriz. Las oficinas de planeación y las secretarías generales son, por lo general, las encargadas de expedir los lineamientos internos que traducen la circular presidencial en procedimientos verificables, con responsables, montos máximos y excepciones documentadas. Sin ese paso, el cumplimiento suele ser desigual entre entidades.
Para la ciudadanía, el efecto tangible podría verse en menos eventos de difusión con alto componente protocolario, en una reducción de delegaciones que viajan a regiones y en una comunicación oficial más austera. También se espera que la contratación de estudios, encuestas y producción audiovisual orientados a exaltar figuras gubernamentales disminuya, lo que abre el debate sobre hasta dónde llega la información de interés público y dónde comienza la promoción personal.
Queda pendiente conocer el texto completo de la circular y las excepciones que contemple, así como los mecanismos de seguimiento que se aplicarán. También falta saber si la medida se acompañará de reportes públicos de ahorro, una práctica que distintas organizaciones ciudadanas han reclamado para que la austeridad no quede solo en el papel y se traduzca en cifras verificables.