La Presidencia de la República emitió una circular dirigida a los funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella en la que establece un plazo de 30 días para que reporten posibles irregularidades ocurridas durante la administración de Gustavo Petro, según reportó Infobae.
La directriz ordena mantener íntegros los contratos, registros y comunicaciones, tanto en soporte físico como digital, con el propósito de garantizar la trazabilidad de la gestión pública y conservar el sustento probatorio que pueda requerirse en procesos disciplinarios o penales.
La medida se enmarca en la auditoría que viene realizando el nuevo gobierno sobre trámites y decisiones de la administración anterior. Esa revisión busca identificar actuaciones que puedan tener relevancia disciplinaria o penal y que requieran intervención de los órganos de control.
La circular aplica a los servidores públicos del orden nacional vinculados a la Presidencia y, por extensión, a las entidades que dependen de la Casa de Nariño. El plazo de 30 días comienza a contarse desde la comunicación oficial del documento a cada dependencia.
Para los ciudadanos, el alcance de la circular es relevante porque define el periodo durante el cual el gobierno puede recibir reportes internos sobre presuntas irregularidades contractuales, administrativas o financieras de la administración saliente. Esa información alimenta las denuncias formales que se trasladen a la Fiscalía o a los organismos disciplinarios.
En la práctica, la directriz les pide a los funcionarios conservar la documentación existente sin alterarla. Esta indicación es clave en procesos de transición, pues permite reconstruir la cadena de decisiones y verificar si se cumplieron los procedimientos legales en cada trámite.
La circular también deja en manos de cada funcionario la responsabilidad de denunciar lo que conozca sobre posibles hechos de corrupción, extralimitación de funciones o incumplimiento normativo. Quienes omitan el reporte dentro del plazo podrían quedar expuestos a responsabilidades administrativas.
Por ahora, la Presidencia no ha detallado cuántas denuncias se recibieron ni qué entidades concentran las principales alertas. Se espera que, una vez vencido el plazo, el gobierno entregue un balance de los reportes y de las decisiones tomadas sobre cada caso.
El siguiente paso será el cruce de la información recogida con la auditoría en curso y, si hay mérito, la formulación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación y los órganos de control competentes.