La Presidencia de la República salió al paso de la denuncia presentada por el alcalde de Sincelejo, quien aseguró haber sido intimidado con armas largas durante un encuentro oficial con el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella. El Gobierno calificó la queja como una “victimización sin razón” y sostuvo que los uniformados pertenecían al dispositivo de seguridad del primer mandatario.
De acuerdo con el comunicado difundido por el Ejecutivo y reproducido por Infobae, los agentes armados estaban distribuidos en el salón donde se realizó el acto y formaban parte del esquema habitual de protección del presidente. La administración aseguró que los mismos protocolos se aplican en todos los eventos oficiales de De La Espriella dentro y fuera del país.
El alcalde de Sincelejo, capitaleño del departamento de Sucre, había relatado que personas fuertemente armadas lo conminaron a permanecer en un salón durante la actividad. Su relato generó reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre los límites del dispositivo de seguridad presidencial en reuniones con mandatarios locales.
Desde la Casa de Nariño insistieron en que no existió ninguna intención de hostigamiento. Señalaron que el alcalde llegó al lugar por convocatoria oficial y fue atendido conforme a los protocolos diplomáticos y de protección que rigen los actos del primer mandatario. La versión oficial apunta a que la presencia de los uniformados respondió a razones logísticas y de custodia, no a una decisión política.
El episodio reaviva una discusión que se repite en distintos gobiernos: el nivel de fuerza visible en los actos presidenciales y la forma como las autoridades locales perciben esos dispositivos. En eventos cerrados, la cantidad de escoltas y armas largas es superior a la de reuniones abiertas, según los manuales de seguridad de la Casa Militar, lo que suele llamar la atención de asistentes civiles.
Para los mandatarios locales, ser recibidos en un salón rodeado de efectivos armados puede generar incomodidad. Expertos en seguridad consultados en ocasiones anteriores han explicado que esa presencia busca disuadir atentados, pero que el contraste con autoridades civiles que llegan sin escolta puede interpretarse como presión, aunque esa no sea la intención.
La Presidencia no entregó detalles sobre cuántos uniformados participaron en el dispositivo ni sobre el rango de los efectivos presentes. Tampoco confirmó si el alcalde tuvo algún encuentro privado con De La Espriella antes o después del acto público donde, según el Gobierno, se habría originado la queja.
Por ahora, el comunicado oficial se limita a negar la intimidación y a pedir que no se “victimice sin razón” a una institución como el esquema de protección presidencial. Queda pendiente si el alcalde de Sincelejo ampliará su denuncia, si elevará una queja formal ante alguna instancia disciplinaria o si el caso seguirá discutiéndose en el debate político regional.