La Presidencia de la República trasladó a la Fiscalía General de la Nación la comunicación mediante la cual Digno Palomino, recluido en un centro carcelario, manifestó su intención de acogerse al proyecto de sometimiento que prepara el Gobierno nacional. El traslado se hizo por medio de la abogada del detenido, según informó El Tiempo.
Palomino es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de estructuras dedicadas a la extorsión en varias regiones del país. Su nombre aparece vinculado a investigaciones judiciales por hechos que han afectado a comerciantes y ciudadanos en zonas bajo su influencia, de acuerdo con el reporte periodístico citado.
El proyecto de sometimiento al que Palomino busca vincularse es una figura contemplada en la legislación colombiana para que integrantes de organizaciones criminales se sometan a la justicia a cambio de beneficios procesales y penales. El Gobierno viene trabajando en su estructuración, con el propósito de atraer a grupos armados organizados y estructuras delincuenciales que operan al margen de la ley.
Con la radicación en la Fiscalía, el expediente pasa a manos del ente acusador, que deberá evaluar si el postulado cumple los requisitos legales para acceder al mecanismo. La Fiscalía analizará la petición y decidirá si la propuesta avanza en el proceso formal de sometimiento, conforme a los criterios que establece la ley.
Para los gremios afectados por la extorsión, la noticia tiene relevancia porque Palomino ha sido mencionado en denuncias relacionadas con cobros coercitivos a comerciantes en distintas ciudades del país. Si la solicitud prospera, sus declaraciones podrían aportar información sobre la estructura y el funcionamiento de la red que, según las investigaciones, dirigió.
La figura del sometimiento en Colombia tiene antecedentes en procesos aplicados a paramilitares y a estructuras del narcotráfico. La diferencia en este caso es que el mecanismo actual se negocia en el marco de la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha planteado la posibilidad de abrir caminos legales para que grupos armados y bandas criminales dejen las armas y se incorporen a la vida legal.
Por ahora, la pelota está en la cancha de la Fiscalía. No hay pronunciamiento oficial del ente acusador sobre la admisión o el rechazo de la petición. Lo que se conoce proviene exclusivamente del reporte publicado por El Tiempo, que da cuenta del traslado hecho por la Presidencia.
Queda pendiente conocer el concepto de la Fiscalía y, en caso de ser aceptado, los términos del sometimiento, los compromisos de verdad y reparación, y los eventuales beneficios judiciales que se le puedan ofrecer a Palomino a cambio de su colaboración con la justicia.