El presidente Abelardo De La Esprilla informó que se designará un gerente dedicado de manera exclusiva a la reconstrucción del Chocó, golpeado por un terremoto reciente. El anuncio se produjo en el marco de la respuesta del Gobierno nacional a la emergencia y apunta a concentrar la coordinación institucional en un solo responsable.
Según el extracto disponible, el jefe de Estado enfatizó en la necesidad de atender la zona tras el abandono histórico que, a su juicio, ha sufrido el departamento. Con esa frase, el Gobierno reconoce el déficit acumulado de inversión pública y servicios en el Chocó, uno de los territorios con mayores índices de pobreza y rezago en infraestructura del país.
El Chocó es un departamento de tradición afrodescendiente e indígena, con una extensión selvática considerable y limitaciones históricas en conectividad terrestre. La red vial intra y extra departamental ha dificultado el acceso a mercados, hospitales y sedes educativas. Por eso, cualquier proceso de reconstrucción exige no solo obras puntuales, sino un esquema logístico estable para llevar insumos, maquinaria y personal a zonas apartadas.
La figura de un gerente para la reconstrucción se ha utilizado en Colombia en anteriores emergencias, como en Armenia tras el sismo de 1999 o en Providencia después del huracán de 2020. En ambos casos, la gerencia buscaba concentrar decisiones, agilizar contratos y servir de interlocutor único entre el Gobierno central, las autoridades locales y la comunidad.
Para la ciudadanía chocoana, la decisión tiene implicaciones directas. Una reconstrucción con gerencia dedicada puede traducirse en vivienda nueva o reforzada, restauración de acueductos, reparación de escuelas y centros de salud, y reapertura de vías terciarias. También puede significar acompañamiento psicosocial a las familias damnificadas y reubicación de quienes habitaban zonas de riesgo.
En el plano institucional, el anuncio abre interrogantes sobre la articulación con la Gobernación del Chocó y con los municipios de la zona afectada, así como con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Vivienda. La coordinación con las comunidades étnicas será determinante, dado que muchas decisiones sobre el territorio deben consultarse con consejos comunitarios y autoridades indígenas.
La referencia al abandono histórico también pone sobre la mesa un debate más amplio. Más allá del terremoto, el Chocó arrastra déficit en electrificación rural, agua potable, saneamiento y conectividad digital. Reconstruir tras una emergencia sin atender esos rezagos estructurales implicaría, según analistas, repetir el ciclo de vulnerabilidad frente a futuros desastres.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado públicamente el nombre del gerente ni el cronograma de trabajo. Queda pendiente conocer el monto estimado de los recursos, la duración del encargo, la fuente de financiación y los indicadores con los que se medirá el avance de la reconstrucción. La comunidad y los entes de control estarán atentos a la transparencia en la ejecución.
La ciudadanía podrá seguir la evolución de este proceso a través de los canales oficiales de la Presidencia y de los reportes periódicos que entregue el gerente, una vez sea posesionado. Las veedurías ciudadanas y los organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría, tendrán un papel clave en el seguimiento del gasto y de las obras.