El presidente Abelardo de la Espriella dio la orden de iniciar operativos orientados a identificar y deportar a los inmigrantes irregulares que se encuentren en territorio colombiano. El anuncio se produjo en el marco de las acciones del Ejecutivo nacional en materia de política migratoria, según reportó la fuente Region Caribe.
Colombia es uno de los principales países receptores de población venezolana en la región. Según registros migratorios conocidos, cerca de dos millones y medio de ciudadanos del vecino país han llegado a Colombia en los últimos años, impulsados por la crisis económica y social en Venezuela. De ellos, una parte significativa ha podido acceder a permisos de protección temporal, mientras que otro grupo permanece en distintas condiciones de irregularidad.
El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, implementado desde 2021, permitió a cientos de miles de personas regularizar su estadía, acceder a servicios de salud, educación y al mercado laboral formal. No obstante, una porción de la población migrante no completó ese proceso o llegó al país después de los plazos establecidos, lo que los ubica en situación administrativa irregular.
La orden presidencial genera expectativa entre organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales como la ONU, que suelen advertir sobre los riesgos de devolución sin debido proceso. Colombia es firmante de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, marcos que obligan a evaluar solicitudes de asilo antes de cualquier deportación.
En la práctica, los operativos migratorios en Colombia suelen ser ejecutados por Migración Colombia, entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Policía Nacional. Estas acciones incluyen retenciones en vías públicas, visitas a lugares de trabajo y verificación de documentos en distintos puntos del territorio nacional.
La comunidad venezolana residente en Colombia expresó preocupación por el anuncio, según reportó la fuente. Migrantes que aún no han legalizado su situación temen ser detenidos y deportados, especialmente quienes tienen familias constituidas en el país, hijos colombianos o vínculos laborales estables.
Sectores empresariales y de la economía informal también han señalado en otras ocasiones su dependencia de la mano de obra migrante. Sectores como la construcción, el comercio y el trabajo doméstico han contado históricamente con participación venezolana, lo que añade un componente económico al debate sobre la regularización y los operativos de control.
El Gobierno nacional no ha precisado hasta el momento, según la información disponible, la fecha de inicio de los operativos, su alcance geográfico ni el número estimado de personas afectadas. Tampoco se ha detallado si se establecerán canales para que quienes estén en condición irregular puedan acogerse a algún proceso de regularización previo.
Organizaciones civiles han pedido en el pasado que cualquier operativo migratorio respete los derechos fundamentales y se acompañe de canales de información para que los migrantes conozcan sus derechos y obligaciones. También han solicitado que se diferencie entre personas dedicadas a actividades ilícitas y aquellas que permanecen en irregularidad por razones administrativas.
En las próximas semanas se espera que Migración Colombia entregue detalles sobre el despliegue de los operativos y los protocolos de atención a los migrantes afectados. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones sociales han anunciado que harán seguimiento al proceso para garantizar que se respeten las garantías del debido proceso.