El presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo a una propuesta que recortaría 100 mil millones de pesos del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante la vigencia de 2027. La información fue publicada por el medio Pulzo, que reseñó la postura del jefe de Estado frente a este ajuste fiscal en el sector justicia.
De acuerdo con la fuente, el Gobierno planteó que esos recursos no se eliminarían del sistema judicial, sino que se trasladarían a la justicia ordinaria. El objetivo declarado es fortalecer los juzgados y despachos que atienden los casos cotidianos de los ciudadanos y, con ello, mejorar el acceso efectivo a la justicia en distintas regiones del país.
La JEP fue creada por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC para investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Desde su puesta en marcha, la jurisdicción ha tramitado los casos de excombatientes, agentes del Estado y terceros comparecientes, y ha enfrentado debates sobre su financiación, su ritmo de decisiones y su rol dentro del sistema de justicia transicional.
El anuncio se inscribe en la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027, que el Ejecutivo suele presentar al Congreso en los meses previos. En ese trámite, el Gobierno debe justificar cada ajuste ante las comisiones económicas del Legislativo, donde distintos sectores suelen presionar por mantener o aumentar las partidas asignadas a entidades específicas.
Para el Gobierno, recortar el presupuesto de la JEP responde a una lectura de prioridades: concentrar el gasto en la justicia cotidiana, que atiende denuncias penales, civiles, laborales y de familia, entre otras. La idea es que un mayor número de despachos con recursos adecuados pueda reducir los atrasos y mejorar los tiempos de respuesta a los usuarios del sistema judicial.
La propuesta también tiene implicaciones políticas. Diversos sectores cercanos al proceso de paz han defendido en otras ocasiones la financiación de la JEP como un compromiso con las víctimas del conflicto y con el cumplimiento de los acuerdos. Un recorte de esta magnitud abriría un nuevo capítulo de debate entre quienes priorizan la justicia transicional y quienes piden enfocar el gasto en la justicia ordinaria.
En lo operativo, la JEP ha sostenido que sus funciones requieren una financiación estable para mantener en funcionamiento los macrocasos abiertos, las salas de reconocimiento y los equipos de investigación forense. Una reducción presupuestal obligaría a la jurisdicción a evaluar prioridades internas, posponer algunas actividades o ajustar su planta de personal y de contratistas, según cómo termine el trámite legislativo.
Para los ciudadanos, el efecto inmediato del traslado de recursos sería, en teoría, una justicia ordinaria más dotada y, por tanto, con menos demoras en los procesos. Sin embargo, los resultados dependerán de cómo se ejecuten esos recursos, de los planes de inversión que presente el Gobierno y de la capacidad de los tribunales y juzgados para absorber los fondos adicionales.
El siguiente paso es la radicación formal del presupuesto ante el Congreso, donde las comisiones económicas estudiarán la propuesta y recibirán observaciones de los ministerios, la Rama Judicial y la propia JEP. A partir de ahí se negociarán las partidas finales, por lo que el monto del recorte y su destinación específica podrían modificarse antes de la aprobación definitiva.