El presidente Abelardo de la Espriella anunció el cierre de las mesas de diálogo con Comuneros del Sur y con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. La medida hace parte del desmonte progresivo de la política de Paz Total, según informó el medio regional El Pilón.
La Paz Total fue una estrategia diseñada durante el gobierno de Gustavo Petro para abrir conversaciones simultáneas con grupos armados y organizaciones criminales. Bajo ese marco se instalaron mesas con disidencias de las FARC como Comuneros del Sur, así como con estructuras urbanas ligadas al crimen organizado en el área metropolitana de Medellín.
El cierre de las mesas implica que el Ejecutivo renuncia a la vía de negociación directa con esos actores. Queda por definir si los acercamientos se reemplazan por canales de sometimiento individual a la justicia o por una estrategia de seguridad orientada a la captura y judicialización de los miembros de esas estructuras.
Para Medellín y el Valle de Aburrá, la decisión se produce en un contexto de alta preocupación por la violencia urbana. Las autoridades locales y nacionales han señalado en los últimos años la presencia de combos y estructuras que disputan rentas ilegales, y el Valle de Aburrá concentra buena parte de los indicadores de criminalidad del país.
En el caso de Comuneros del Sur, que agrupa disidencias activas en Nariño y Cauca, el fin del diálogo cierra un capítulo abierto bajo la administración anterior. El desmonte de la mesa se produce mientras esas estructuras mantienen presencia armada en zonas rurales del suroccidente colombiano, con afectaciones directas a comunidades campesinas e indígenas.
La política de Paz Total contemplaba mesas con múltiples grupos armados bajo principios como el reconocimiento de actores como interlocutores políticos y la búsqueda de acuerdos parciales. Las críticas que recibió incluyeron señalamientos de que algunas estructuras usaron las conversaciones para fortalecerse militar y financieramente.
La reacción del gobierno llega como un mensaje directo sobre el rumbo de la seguridad. Al cerrar estas mesas, la administración de De la Espriella marca distancia con la estrategia anterior y deja abierta la expectativa sobre cuál será el modelo que la reemplace en cada región.
Para la ciudadanía, el cambio tiene implicaciones prácticas. En zonas urbanas como Medellín, el cierre del diálogo con estructuras criminales suele ir acompañado de operativos reforzados de fuerza pública, mientras que en zonas rurales como el sur del país se abren preguntas sobre qué tipo de presencia estatal sustituirá la interlocución que se interrumpe.
Queda pendiente cómo se traducirá el cierre en acciones concretas sobre el terreno. El gobierno deberá precisar si habrá nuevas mesas de sometimiento, si los grupos serán tratados bajo la ley ordinaria, y qué papel jugará la fuerza pública en cada uno de los territorios afectados por la decisión.