El presidente Abelardo De La Espriella fijó un plazo de una semana para que los ministerios de Defensa y de Justicia coordinen el sometimiento de Fredy Castillo Carrillo, conocido como alias Pinocho, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La instrucción fue dada de manera directa por el Mandatario, según reportó el diario El Tiempo.
Alias Pinocho es señalado como jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura armada ilegal que opera en esa región del norte de Colombia. El sometimiento implica que el cabecilla entregue sus armas, se acoja a la justicia y cumpla con las condiciones que establece la ley para este tipo de procesos.
El presidente fue claro al señalar que no se trata de una negociación. La diferencia es relevante: en un sometimiento, las condiciones las fija el Estado dentro del marco legal existente, mientras que una negociación puede incluir acuerdos políticos o beneficios que escapan a ese marco. La insistencia del Mandatario en descartar la negociación marca el tono de la directriz.
La orden recae sobre dos carteras clave. El Ministerio de Defensa, encabezado por el mindefensa, tiene la responsabilidad de las operaciones militares y de seguridad. El Ministerio de Justicia, por su parte, lidera los aspectos jurídicos del proceso. Ambos deberán articularse para que el sometimiento se concrete dentro del plazo señalado.
Este tipo de estructuras armadas han sido uno de los focos de la política de seguridad en la Sierra Nevada de Santa Marta, zona donde confluyen cultivos ilícitos, rutas de contrabando y disputas entre grupos ilegales por el control territorial. El sometimiento de uno de sus principales cabecillas tendría impacto directo en la dinámica de seguridad de esa región.
Para los habitantes de la Sierra Nevada y zonas de influencia, un sometimiento efectivo puede traducirse en una reducción de la violencia y de las restricciones a la movilidad que impone la presencia de grupos armados. Sin embargo, el éxito depende de que el proceso se traduzca en hechos verificables: dejación de armas, desmontes de redes y judicialización.
La directriz presidencial se enmarca en la estrategia general de sometimiento de organizaciones criminales que ha promovido el Gobierno nacional, bajo el principio de que quienes cometan delitos deben acogerse a la justicia. El plazo de una semana establece un horizonte concreto y reduce el margen para dilaciones burocráticas entre las dos entidades.
Queda por verse cómo se ejecutará la coordinación entre Mindefensa y Minjusticia, qué exigencias se plantearán al cabecilla y bajo qué figura jurídica se tramitará el sometimiento. El reloj comienza a correr desde la orden presidencial, y el resultado se medirá por hechos concretos en el territorio.
Fuente: El Tiempo.