El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un ultimátum directo a los cabecillas que delinquen en el departamento de Bolívar. El anuncio lo hizo desde Cartagena, capital del departamento, según reportó Caracol Radio.
La declaración se conoce en un contexto de operativos sostenidos de la fuerza pública contra organizaciones criminales en distintas regiones del país. Bolívar, con zonas como el sur de Córdoba vecino y los Montes de María, ha sido escenario histórico de disputas entre grupos armados por el control de economías ilegales.
En la misma jornada, el mandatario confirmó otra decisión con impacto regional: la Dirección General Marítima, DIMAR, tendrá sede en Cartagena. La DIMAR es la autoridad marítima nacional encargada de regular el tráfico naval, la seguridad en puertos y la protección del medio marino en costas colombianas.
Llevar la sede a Cartagena acerca la autoridad marítima al principal puerto del país sobre el Caribe. La medida busca, según el contexto habitual de estos anuncios, mejorar la respuesta institucional frente al comercio exterior, la pesca y la vigilancia en aguas territoriales.
Para los habitantes de Cartagena y de los municipios bolivarenses, el anuncio tiene un doble efecto. Por un lado, el discurso de mano dura contra cabecillas responde a una demanda ciudadana de seguridad en zonas rurales y urbanas afectadas por extorsión y violencia. Por el otro, la llegada de la sede marítima implica movimiento económico, empleo y presencia directa del Estado en la costa.
El ultimátum presidencial se inscribe en la estrategia de seguridad que el Gobierno ha presentado como prioritaria en regiones con presencia de grupos armados organizados. La retórica del presidente fija un plazo y una advertencia a quienes, según la fuerza pública, coordinan actividades ilícitas en el territorio.
Por ahora no se conocieron los detalles operativos del ultimátum ni los nombres de los cabecillas señalados. La fuente tampoco reportó una fecha límite explícita ni los mecanismos de verificación que se anunciaron sobre el eventual cumplimiento.
Queda pendiente el trámite para instalar formalmente la DIMAR en Cartagena, incluyendo decisiones logísticas, traslado de personal y articulación con la Armada. También se esperan reacciones de los gremios portuarios y de los pescadores, directamente afectados por la regulación marítima.
La doble apuesta, seguridad y presencia institucional, marca el tono de la visita presidencial a Bolívar. El Gobierno concentra en Cartagena dos mensajes: presión a los armados y descentralización de entidades clave.