El presidente Abelardo De La Espriella firmó un decreto que pone fin a la suspensión general de los permisos para porte de armas de fuego que regía en el país. La información fue publicada por el diario El Tiempo, que recogió las declaraciones del propio mandatario sobre el alcance de la nueva disposición.
Con esta firma, el Gobierno nacional modifica el esquema que hasta ahora impedía de forma generalizada la expedición y reactivación de Salvoconductos para porte de armas. A partir del decreto, los ciudadanos que cumplan los requisitos legales pueden volver a gestionar este tipo de autorizaciones ante las autoridades competentes, en el marco de las normas vigentes.
En Colombia, el porte de armas de fuego se encuentra regulado por el Estatuto para la defensa y la seguridad ciudadana, que establece requisitos de antigüedad, capacitación, exámenes médicos y psicológicos, entre otros. La suspensión general que ahora se levanta había restringido durante un periodo la posibilidad de acceder a nuevos permisos, en un contexto marcado por discusiones sobre seguridad y convivencia en distintas regiones del país.
La medida tiene implicaciones directas para los ciudadanos que dependen de un arma de fuego para el ejercicio de su actividad legal, como miembros de la fuerza pública en retiro, empresas de seguridad o ciudadanos que acrediten una necesidad comprobada. También reabre el debate sobre los mecanismos de control, registro y seguimiento que deben acompañar el levantamiento de la restricción.
Según la información publicada por El Tiempo, el decreto firmado por De La Espriella se inscribe en la línea de política de seguridad del actual gobierno, que ha privilegiado acciones orientadas a dotar a las fuerzas del Estado y a la ciudadanía de herramientas frente a la criminalidad. La Casa de Nariño no había informado previamente, al menos de manera pública, sobre los detalles técnicos del nuevo texto.
Organizaciones civiles y expertos en seguridad consultados en otros escenarios han planteado que cualquier reapertura del porte de armas debe ir acompañada de sistemas de seguimiento reforzados, controles de antecedentes y una supervisión estricta para evitar que armas legales terminen en el mercado ilegal. El decreto, según la versión difundida, mantiene los filtros ya contemplados en la normatividad.
Para los ciudadanos del común, el cambio se traduce en la posibilidad real de iniciar o retomar trámites ante la autoridad competente, siempre que acrediten los requisitos previstos en la ley. El levantamiento de la suspensión no equivale a una autorización automática: cada solicitud deberá pasar por el proceso de evaluación vigente.
Quedan pendientes varios aspectos por definir, como los reglamentos que desarrollen el decreto, los criterios específicos que aplicarán las autoridades para evaluar las solicitudes y los mecanismos de seguimiento sobre las armas ya autorizadas. El Tiempo continuará informando sobre los detalles técnicos de la medida a medida que el Gobierno los haga públicos.