El presidente Abelardo De La Espriella anunció el levantamiento de la suspensión general para el porte de armas que regía en Colombia, según reportó La Nación. La medida modifica de manera inmediata las condiciones bajo las cuales los ciudadanos podían portar armas de fuego en el territorio nacional.
En sus declaraciones, el jefe de Estado argumentó la decisión con una frase directa: "No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse". Con esa premisa, el Gobierno Nacional justificó el fin de la restricción que aplicaba de manera uniforme en todo el país.
Hasta ahora, los colombianos que querían portar un arma debían tramitar permisos ante las autoridades competentes, que evaluaban cada caso de forma particular. Con la suspensión general, el porte estaba prohibido salvo excepciones expresamente autorizadas, como el personal de seguridad privada, las fuerzas militares, la Policía y algunos servidores públicos con funciones de protección.
El levantamiento de esa suspensión general no equivale a una libre portación sin reglas. Las normas vigentes, como el Estatuto para la Defensa y la Seguridad Nacional y los decretos que regulan el porte, continúan aplicando. Los ciudadanos deberán seguir cumpliendo los requisitos legales, entre ellos la expedición del permiso correspondiente por parte de la autoridad competente y el cumplimiento de los criterios técnicos y de antecedentes que establece la ley.
La decisión se produce en un contexto de debate público sobre la seguridad ciudadana. Organizaciones civiles y expertos en política pública han planteado en distintas ocasiones que la mayor disponibilidad de armas en manos de civiles puede asociarse a un incremento de hechos violentos en el entorno doméstico y en hechos de lesiones personales. También se ha señalado que los municipios con economías ilegales y presencia de grupos armados son los que concentran la mayor proporción de armas ilegales en circulación.
El Gobierno ha enmarcado la medida en su política de seguridad, que busca, según ha expresado en otras ocasiones, enfrentar a las organizaciones criminales y reducir la vulnerabilidad de la población frente a hechos como extorsión, hurto y secuestro. La modificación del régimen de porte se inscribe en ese mismo lineamiento, con el argumento de que los ciudadanos deben contar con herramientas legales para proteger su integridad.
La postura del presidente se diferencia de la de sectores que defienden el desarme civil como vía para reducir la violencia. Para estos, la restricción al porte ha sido una herramienta eficaz para limitar la circulación de armas en el espacio público. Para el Gobierno, en cambio, la prioridad es que la población de bien cuente con mecanismos legales de defensa frente a la acción de los grupos armados ilegales.
En el plano institucional, queda pendiente conocer los lineamientos operativos que expedirán el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional para la entrega de nuevos permisos y la actualización de los ya existentes. También se espera que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ajuste los protocolos de verificación de antecedentes, capacitación y tenencia, con el fin de que la transición se aplique de forma uniforme en las distintas regiones del país.