El presidente Abelardo De la Espriella salió al paso de las críticas por el recorte presupuestal propuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz. Aseguró que la decisión responde a criterios técnicos y de austeridad, y descartó que busque tomar revancha contra ese tribunal creado por el acuerdo de paz de 2016.
La controversia se originó tras la presentación del proyecto de presupuesto, que contempla menos recursos para la JEP en la siguiente vigencia. Magistrados del tribunal y congresistas del Pacto Histórico han expresado su preocupación por el impacto que esa reducción tendría en las investigaciones y juicios que esa jurisdicción adelanta.
De la Espriella sostuvo que el gobierno no actúa por motivaciones políticas contra la justicia transicional. Según el reporte de Portafolio, el mandatario defendió la necesidad de ajustar el gasto público en distintas entidades del Estado, incluida la JEP, para alinearlo con la situación fiscal del país.
La JEP es la encargada de investigar y sancionar los máximos responsables de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Su funcionamiento depende de los recursos que el presupuesto nacional le asigne cada año, por lo que cualquier disminución afecta su capacidad operativa y la marcha de los procesos.
Desde el Pacto Histórico, partido de gobierno en legislaturas anteriores y cercano al proceso de paz, varios congresistas han calificado el recorte como un golpe a la implementación de los acuerdos. La bancada ha pedido que se revisen las cifras antes de la aprobación definitiva del presupuesto en el Congreso.
El pronunciamiento presidencial se produce en medio del debate presupuestal que el Congreso tramita en sesiones ordinarias. La Comisión Cuarta y las plenarias de Senado y Cámara deberán definir si mantienen, modifican o rechazan los montos propuestos para la JEP y para otras entidades del Estado.
Más allá de la discusión política, lo que está en juego es el margen de acción con que contará el tribunal para resolver los casos bajo su competencia. Una menor asignación puede traducirse en demoras, menor contratación de personal y limitaciones logísticas, según han advertido voces del sector judicial.
El gobierno, por su parte, insiste en que la austeridad es transversal y no distingue entre ramas del poder. De la Espriella pidió que la discusión se dé con argumentos técnicos y no con lecturas de retaliación política, y llamó al Congreso a evaluar cada partida con responsabilidad fiscal.
Por ahora, la suerte del presupuesto de la JEP dependerá de lo que decidan las comisiones económicas y las plenarias en las próximas semanas, en un debate que seguirá generando fricciones entre el Ejecutivo, el tribunal de paz y sectores del Legislativo.