El presidente Abelardo de la Espriella designó a Nicolás Gómez Arenas, jefe del Despacho Presidencial, como alcalde ad hoc de Cali. La tarea específica es liderar las decisiones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, el instrumento que define cómo crece la ciudad en los próximos años.
El nombramiento responde a la declaratoria de conflicto de intereses que presentó el alcalde titular, Alejandro Eder, para apartarse del trámite del POT. Cuando un alcalde se declara impedido, la ley permite que el presidente de la República designe a un funcionario de su confianza para que asuma temporalmente esa función, con el fin de no paralizar decisiones sensibles para el municipio.
Gómez Arenas es un hombre cercano al círculo presidencial. Su paso por el Despacho Presidencial lo ubica como uno de los coordinadores de la agenda del Gobierno nacional, y ahora recibe una responsabilidad adicional en un asunto de planeación urbana que suele generar debate en ciudades grandes como Cali.
El Plan de Ordenamiento Territorial es la carta de navegación urbana de cada municipio colombiano. Define dónde se puede construir, qué zonas se protegen, cómo se distribuyen los equipamientos y dónde se concentran los proyectos de vivienda y desarrollo. En ciudades como Cali, con más de dos millones de habitantes y zonas rurales extensas, el POT condiciona inversiones públicas y privadas durante más de una década.
La figura del alcalde ad hoc no es nueva en Colombia. Se ha utilizado en distintas ciudades cuando el alcalde electo enfrenta impedimentos legales o conflictos de intereses. Lo que sí genera discusión es que la persona designada pertenezca al alto Gobierno, porque algunos sectores consideran que eso concentra demasiado poder en la Casa de Nariño sobre asuntos que son autonomía territorial.
Para los caleños, el efecto inmediato es práctico: el POT no se detiene. Las sesiones del Concejo y los cronogramas de revisión del plan pueden continuar con un interlocutor válido en la Alcaldía. Lo que queda en el aire es la percepción sobre quién fija los criterios finales del ordenamiento de la ciudad.
El Gobierno nacional no ha detallado públicamente los criterios con los que Gómez Arenas evaluará las propuestas del POT. Tampoco se conoce si la designación contempla un plazo fijo o si se mantiene hasta que Eder resuelva su situación de impedimento. La falta de esos datos abre preguntas sobre los tiempos y los alcances reales de la decisión.
En las próximas semanas se espera que el alcalde ad hoc se pronuncie sobre los puntos sensibles del POT que ya estaban en discusión, entre ellos los tratamientos urbanos, la expansión hacia la zona rural y los proyectos de vivienda de interés social. Su postura marcará el rumbo del instrumento durante lo que resta del actual periodo de gobierno local.