El presidente Abelardo De la Espriella pidió al Ministerio de Transporte examinar la operación y la legalidad de los sistemas de fotodetección que funcionan en distintas ciudades del país. La solicitud se conoce en un contexto de reclamos ciudadanos y debates sobre el papel de estas cámaras en la movilidad urbana, según informó El Tiempo.
Los sistemas de fotomultas, conocidos técnicamente como sistemas de fotodetección, operan en buena parte de las ciudades intermedias y capitales colombianas. Su función es registrar infracciones de tránsito, principalmente excesos de velocidad y cruces en semáforo en rojo, y generar comparendos de forma automática con base en imágenes captadas por cámaras fijas o móviles.
La controversia en torno a estos dispositivos no es nueva en Colombia. A lo largo de los últimos años distintos organismos de control, alcaldías y agremiaciones de conductores han señalado preocupaciones por la calibración de los equipos, la señalización previa a los puntos de control y los criterios con los que se otorgan los contratos de operación. Estos señalamientos han alimentado la percepción de que, en algunos casos, el objetivo fiscal puede pesar más que el propósito de mejorar la seguridad vial.
Con la orden presidencial, el Ministerio de Transporte queda encargado de liderar una revisión integral del marco que regula estos sistemas. Esto incluye el análisis de las resoluciones vigentes, los procesos de contratación con operadores privados y los mecanismos de defensa con los que cuentan los conductores cuando reciben un comparendo automático.
La revisión también pone la lupa sobre la relación entre las alcaldías y los operadores de las cámaras. En varias ciudades, los contratos contemplan modelos de concesión en los que el ingreso por multas se reparte entre el municipio y el prestador del servicio, lo que ha sido criticado por generar incentivos economicistas en la sanción.
Para los conductores, el asunto es de interés directo. Una fotomulta puede traducirse en sanciones económicas, anotaciones en el historial de tránsito y, en casos de reincidencia, en la suspensión de la licencia. Una eventual modificación del sistema podría afectar tanto los procedimientos de notificación como las tarifas y los plazos de prescripción de las deudas.
Desde el sector de la seguridad vial, organizaciones dedicadas a la prevención de accidentes han recordado que las cámaras de velocidad cumplen una función disuasoria. Reducen los puntos críticos donde se concentran siniestros y obligan a reducir la velocidad en zonas escolares y residenciales. Por eso, cualquier ajuste sobre los sistemas automáticos exige equilibrar el control de las infracciones con la protección de la vida.
El Ministerio de Transporte deberá definir el alcance de la evaluación y entregar un diagnóstico sobre el estado actual de la fotodetección en el país. A partir de ese informe se podrían expedir nuevas directrices para los municipios, ajustar los manuales de contratación o incluso suspender equipos cuya operación no cumpla los requisitos técnicos y legales.
Por ahora, la instrucción presidencial abre un compás de espera. Conductores, alcaldías y operadores estarán atentos a los resultados de la revisión y a las decisiones que adopten el Ministerio y las autoridades locales en las próximas semanas.
Según la fuente consultada, El Tiempo, la solicitud del presidente se enmarca en la intención de evitar que estos mecanismos se conviertan en instrumentos de abuso contra los conductores y de garantizar que su operación se ajuste al marco legal colombiano.