El presidente Abelardo de la Espriella impartió una directriz para sacar de los centros de detención de Buenaventura a 120 personas privadas de la libertad y reubicarlas en establecimientos carcelarios de máxima seguridad distribuidos en distintas zonas del país. La orden fue comunicada a través de la cuenta oficial del jefe de Estado en la red social X, según informó Infobae.
De acuerdo con la información publicada, este constituye el cuarto grupo de internos que es enviado a penales de alta seguridad por orden directa del presidente. Los tres traslados anteriores se realizaron tras operativos adelantados en Barranquilla y Bogotá, dentro de la misma estrategia de combate al crimen organizado que ejecuta el gobierno nacional.
Buenaventura, principal puerto colombiano sobre el Pacífico, ha enfrentado durante años problemas de seguridad ligados a disputas entre estructuras criminales por el control del narcotráfico y otras economías ilegales. La ciudad cuenta con establecimientos de reclusión que, por sus condiciones, no se consideran aptos para albergar a internos de alta peligrosidad, lo que suele motivar este tipo de reubicaciones.
El sistema penitenciario colombiano, administrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), maneja distintos niveles de seguridad en sus más de 130 establecimientos. Los pabellones de máxima seguridad concentran a internos considerados de alta peligrosidad o vinculados a organizaciones criminales de gran envergadura, bajo regímenes de control más estrictos.
La estrategia de traslados masivos hacia cárceles de máxima seguridad se ha usado tradicionalmente en Colombia como herramienta dentro de las políticas de seguridad ciudadana. Estas decisiones buscan, según han explicado gobiernos anteriores, reducir la capacidad de coordinación de los reclusos desde los penales y cortar los vínculos de mando entre cabecillas detenidos y sus estructuras en las calles.
La directriz presidencial se conoce en un contexto en el que el gobierno ha incrementado las acciones contra el crimen organizado en ciudades como Barranquilla y Bogotá. Los operativos previos que dieron pie a los tres traslados anteriores incluyeron capturas y procedimientos judiciales que, según las autoridades, apuntan a redes vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilegales.
Para los habitantes de Buenaventura, los anuncios de traslado de internos suelen tener un efecto simbólico en materia de percepción de seguridad, aunque el impacto real depende de la capacidad del Estado para mantener el control en los barrios y zonas portuarias donde estas organizaciones mantienen influencia. La medida no resuelve por sí sola los problemas estructurales de orden público que enfrenta el municipio.
Hasta el momento no se han detallado públicamente los nombres de los internos trasladados ni los delitos específicos por los que cumplen condena. Tampoco se ha precisado a cuáles centros de máxima seguridad serán enviados los 120 reclusos ni la fecha exacta de inicio del operativo de reubicación. Queda pendiente que las autoridades del INPEC y del Ministerio de Justicia informen sobre el desarrollo del proceso.