El presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio de operativos dirigidos a contener la migración ilegal en Colombia. La declaración, recogida por NTN24, incluyó la frase "se van y los deportamos", que resume el tono de la orden presidencial y la forma en que el Gobierno pretende comunicar la política frente a los extranjeros que permanezcan en el país sin cumplir los requisitos migratorios.
Colombia ha recibido durante la última década flujos migratorios significativos, especialmente desde Venezuela, lo que ha transformado la composición demográfica de varias ciudades y ha generado debates sobre regularización, documentación y acceso a servicios públicos. La nueva directriz se inscribe en un escenario donde el Estatuto de Protección Temporal y otras medidas administrativas han convivido con controles puntuales en zonas de frontera.
La migración ilegal abarca situaciones distintas: personas que ingresaron sin control migratorio, quienes permanecen en el país con visas vencidas o quienes nunca adelantaron ningún trámite de regularización. Cada uno de estos casos tiene un tratamiento legal específico, y la anunciada deportación solo procede cuando se cumplen los procedimientos establecidos por Migración Colombia, la entidad adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.
De manera paralela a la orden sobre migración, el presidente manifestó que a quienes cometan delitos se les combatirá con todo el peso del Estado. La frase, reproducida por NTN24, conecta la política migratoria con la política de seguridad y sugiere un enfoque que vincula ambos fenómenos, aunque sin precisar todavía qué tipo de conductas o qué delitos serán considerados prioritarios en este marco.
En el plano institucional, la ejecución de los operativos requerirá la coordinación entre la Policía Nacional, Migración Colombia y, en zonas fronterizas, las Fuerzas Militares. Las deportaciones, según la normatividad vigente, exigen actos administrativos motivados y el respeto al debido proceso, lo que incluye el derecho de la persona a presentar recursos antes de que se materialice su salida del país.
Para los ciudadanos colombianos, el anuncio tiene implicaciones en al menos dos frentes. El primero es la convivencia en ciudades con alta presencia de población migrante, donde organizaciones sociales y gremios han subrayado la importancia de distinguir entre migración irregular y criminalidad. El segundo frente es el de seguridad, ya que el Gobierno vincula explícitamente el combate al delito con la nueva directriz presidencial.
Sectores defensores de derechos humanos han planteado en otras ocasiones su preocupación por el riesgo de que las deportaciones colectivas o sin garantías procesales vulneren compromisos internacionales asumidos por Colombia, en particular la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias. También han pedido que se esclarezcan los criterios que diferenciarán a quienes se les aplicará la medida.
Por su parte, gremios económicos y empresarios han reclamado claridad sobre el tratamiento a la mano de obra migrante regularizada, que participa en sectores como la construcción, el comercio y los servicios. La incertidumbre sobre el alcance de los operativos puede afectar proyectos productivos que dependen de esa fuerza laboral y de los trámites de las autoridades migratorias.
Queda pendiente que el Gobierno detalle el cronograma, las zonas priorizadas y los recursos que se destinarán a estos operativos, así como los protocolos para evitar arbitrariedades en los procedimientos de deportación. La ciudadanía espera, además, que se conozca cómo se articulará esta política con la cooperación fronteriza con países vecinos y con los acuerdos migratorios ya vigentes.