El presidente Abelardo De La Espriella le pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que adelante una revisión exhaustiva de todas las fotomultas que se imponen en el territorio nacional. Según la Revista Semana, el jefe de Estado calificó el sistema como una trampa dirigida a los conductores.
Las fotomultas son sanciones de tránsito impuestas a partir de cámaras y dispositivos electrónicos que detectan presuntas infracciones, como exceder los límites de velocidad, cruzar semáforos en rojo o invadir carriles exclusivos. El sistema opera en municipios de todo el país bajo distintas modalidades: algunas cámaras son operadas directamente por las secretarías de tránsito locales y otras por concesionarios privados que reciben un porcentaje de lo recaudado.
El mecanismo de fotodetección surgió en Colombia a comienzos de la década de los 2000 como una herramienta para reducir la accidentalidad vial. Con el paso de los años, su uso se extendió a la mayoría de ciudades intermedias y grandes, y se convirtió en una fuente importante de ingresos para los municipios, lo que ha generado cuestionamientos recurrentes sobre si su fin principal es la seguridad vial o el recaudo.
Sectores ciudadanos y defensores de los conductores han denunciado durante años la colocación de cámaras en lugares donde no existe señalización visible, la falta de calibración de los equipos y los cobros desproporcionados. También se han señalado demoras en la notificación de las comparendos y obstáculos para ejercer el derecho a la defensa.
La decisión del presidente sitúa al Ministerio de Transporte como el eje de una revisión que podría tocar contratos vigentes entre alcaldías y operadores privados, manuales técnicos de los dispositivos y procedimientos de notificación. La magnitud de la tarea es considerable, dado que el sistema funciona con autonomía municipal bajo la Ley 769 de 2002, el Código Nacional de Tránsito.
La orden presidencial llega en un contexto de debate público sobre el costo de la movilidad en Colombia, donde el valor de las multas ha sido ajustado de manera periódica y supera con creces el de países con ingresos similares. Para un conductor de estrato medio, una fotomulta puede representar una fracción significativa del salario mínimo mensual.
La Revista Semana reporta que el encargo fue hecho directamente por el mandatario a la ministra Noguera. Hasta el momento, según lo consignado en la fuente, no se detallan los plazos ni el alcance exacto de la revisión, lo que deja abiertas preguntas sobre si se trata de una auditoría técnica, una posible suspensión temporal del sistema o una reforma de fondo.
Organizaciones de seguridad vial y expertos en movilidad han planteado en otras oportunidades que las fotomultas, bien reguladas y con equipos calibrados, contribuyen a reducir la siniestralidad en las vías. También advierten que cualquier ajuste debe mantener los incentivos para respetar las normas y no debilitar la autoridad de tránsito.
El siguiente paso, según la solicitud presidencial, será que el Ministerio de Transporte defina cómo se adelantará la revisión y qué criterios se aplicarán para evaluar la legalidad y el funcionamiento de cada cámara instalada en el país. Los conductores y los municipios esperan conocer los lineamientos antes de que el proceso se traduzca en decisiones concretas.