El presidente Abelardo de la Espriella solicitó que se investigue a Carlos Arturo Robles, actual rector de la Universidad de La Guajira (Uniguajira). La petición fue dada a conocer por Caracol Radio y sitúa al centro educativo público en el centro de un nuevo capítulo de escrutinio sobre su manejo administrativo.
De forma paralela, el jefe de Estado remitió a la Fiscalía General de la Nación información sobre presuntas irregularidades que habrían llegado al Gobierno Nacional en las últimas semanas. Según la versión divulgada por Caracol, se trata de documentación aportada por distintas fuentes que apunta a hechos por esclarecer dentro de la institución.
Uniguajira es una universidad pública con sede principal en Riohacha y presencia en otros municipios del departamento de La Guajira. Como ocurre con las universidades oficiales del país, su rector es elegido por el Consejo Superior Universitario para periodos de cuatro años y responde por el manejo académico, financiero y administrativo de la institución.
Las denuncias por presunta corrupción o mala gestión en universidades públicas suelen ser competencia de la Fiscalía y de los organismos de control, como la Procuraduría y la Contraloría. La decisión del presidente de remitir directamente la información a la Fiscalía pone en marcha una ruta penal que corre en paralelo a los controles disciplinarios y fiscales que ya puedan existir sobre el caso.
Hasta ahora no se han detallado públicamente los hechos puntuales que motivarían la investigación. La fuente consultada, Caracol Radio, tampoco precisa la cantidad de documentos entregados ni la fecha exacta del envío, por lo que el expediente recién comienza su curso en la justicia ordinaria.
La solicitud presidencial coloca a la comunidad académica y al propio Consejo Superior Universitario ante la disyuntiva de pronunciarse sobre la continuidad de Robles en el cargo. En casos similares en otras instituciones de educación superior, las autoridades universitarias han esperado a que los entes de control se pronuncien antes de adoptar decisiones administrativas internas.
Para los estudiantes y docentes de Uniguajira, el anuncio abre un periodo de incertidumbre sobre el rumbo de la universidad, en un departamento donde el acceso a la educación superior es limitado y la oferta pública tiene un peso relevante. Los gremios estudiantiles suelen pedir garantías de transparencia y continuidad académica mientras avanzan las investigaciones.
El Gobierno Nacional, por su parte, queda a la espera de los resultados que arroje la Fiscalía tras revisar la documentación remitida. Si se confirman irregularidades, el caso podría derivar en imputaciones, sanciones disciplinarias o incluso medidas cautelares sobre los recursos de la universidad, dependiendo de lo que determine cada entidad competente.