El presidente Abelardo de la Espriella sancionó la ley que declara al festival Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico, como patrimonio cultural de la nación, según informó la Revista Semana. Con la firma, la celebración queda inscrita en el listado oficial de manifestaciones reconocidas por el Estado colombiano.
La norma no se queda en el reconocimiento simbólico. El texto contempla recursos y rutas de apoyo para la Casa Museo Son de Negro, las escuelas de formación cultural del municipio y el fortalecimiento del turismo cultural en Santa Lucía. Con eso se busca que la declaratoria se traduzca en infraestructura y formación, no solo en un título.
Santa Lucía es un municipio pequeño del sur del Atlántico donde la celebración del Son de Negro congrega a propios y visitantes cada año. La tradición combina música, danza y cantos ligados a la herencia afrocolombiana de la región Caribe, una de las bases culturales del departamento.
En el contexto del patrimonio cultural colombiano, una declaratoria de este tipo suele activar líneas de financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y permite acceder a convocatorias específicas. También facilita la suscripción de convenios con gobernaciones y alcaldías para proteger y difundir la manifestación.
Para los habitantes del municipio, la decisión tiene un efecto directo. Las escuelas de formación cultural son el espacio donde las nuevas generaciones aprenden los toques, los cantos y los pasos, y la Casa Museo Son de Negro conserva objetos, instrumentos y memorias vinculadas a la tradición. Ambas dependen en gran medida del apoyo estatal para sostenerse.
El sector turismo también queda en el foco de la ley. Santa Lucía ha promovido circuitos para que los visitantes conozcan la historia del Son de Negro junto con otros atractivos del sur del Atlántico. Con la declaratoria, el municipio queda mejor posicionado para atraer visitantes y gestionar proyectos de turismo cultural con respaldo del orden nacional.
La sanción presidencial cierra el trámite legislativo de la iniciativa. A partir de ahora, la responsabilidad pasa a las entidades territoriales y al Gobierno nacional para reglamentar la aplicación de la ley, asignar presupuestos y acompañar a la comunidad en la formulación de los planes de salvaguardia de la manifestación.
Entre los pendientes quedan preguntas sobre el cronograma de los recursos, la articulación con el Plan Especial de Salvaguardia del Son de Negro y los mecanismos de seguimiento a los compromisos con la Casa Museo y las escuelas. La comunidad y las autoridades locales serán veedoras de que la declaratoria pase del papel a la inversión concreta.