El presidente Abelardo De la Espriella ordenó el traslado a cárceles de máxima seguridad de 76 personas detenidas y señaladas de hacer parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). La orden cobija a detenidos en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena, según informó el diario El Heraldo, fuente de esta noticia.
La decisión se conoce en medio de un despliegue de la fuerza pública en Santa Marta. La ciudad viene registrando una escalada de hechos violentos que el Gobierno atribuye a las ACSN, una organización que en los últimos años ha extendido su presencia en la región Caribe.
El detonante más reciente de la tensión es la muerte de alias Cholo, identificado por el Gobierno como el segundo cabecilla y financiero de la estructura. Tras su deceso se han registrado acciones que las autoridades vinculan a una disputa interna por el control de la organización y sus rentas ilegales.
Las ACSN son una de las múltiples expresiones del paramilitarismo que han operado en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas vecinas. A lo largo de los años, las denuncias y procesos judiciales han señalado a esta y otras estructuras por desplazamiento, extorsión y control social en comunidades campesinas y habitantes de barrios populares de ciudades como Santa Marta, Ciénaga y Fundación.
El traslado a un establecimiento de máxima seguridad implica un régimen carcelario más estricto: limitaciones a las visitas, a las comunicaciones, restricciones de movimiento dentro del penal y custodia permanente. En Colombia, el Inpec administra ese tipo de prisiones, destinadas a internos con alto perfil de riesgo o vinculados a organizaciones criminales de alcance nacional.
La orden presidencial llega en un momento sensible para la seguridad del Caribe colombiano. En Santa Marta, la ciudadanía ha expresado preocupación por los enfrentamientos que se han presentado en zonas urbanas, donde la población civil ha resultado afectada por restricciones de movilidad y operaciones de las fuerzas armadas.
Según la fuente, el traslado masivo busca cortar la capacidad de coordinación de los reclusos desde las cárceles y prevenir que sigan dando instrucciones a estructuras armadas que operan en la calle. El Gobierno no ha detallado públicamente la lista de los 76 afectados ni los patios específicos a donde serán enviados.
Organizaciones de derechos humanos han pedido en otras oportunidades que los traslados a máxima seguridad se acompañen de garantías judiciales y debido proceso. También han recordado que estas decisiones no sustituyen las investigaciones penales ni los juicios que deben demostrar la responsabilidad individual de cada detenido.
Lo que sigue ahora es la ejecución operativa del traslado, que suele involucrar al Inpec, a la Fuerza Pública y a la Fiscalía. En los próximos días se espera que el Gobierno entregue más detalles sobre los centros de reclusión de destino y sobre los avances de las investigaciones que sustentaron las capturas de los 76 señalados.