El presidente Abelardo de la Espriella firmó el miércoles el decreto que declara una emergencia económica en Colombia, según reportó independent.com. La decisión se tomó para atender los estragos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país la semana pasada y que dejó un saldo preliminar de daños materiales en varias regiones.
La declaratoria de emergencia económica es un instrumento previsto en la legislación colombiana para agilizar el uso de recursos públicos cuando una catástrofe supera la capacidad ordinaria de respuesta de los municipios y departamentos. Con ella, el Gobierno nacional puede reasignar partidas presupuestales, contratar de forma directa y adoptar medidas tributarias temporales sin pasar por los trámites habituales del Congreso.
El movimiento telúrico, de magnitud 7,4, es uno de los más fuertes registrados en el país en los últimos años. Según la fuente, el sismo provocó daños en infraestructura y alteraciones en la vida cotidiana de las comunidades cercanas al epicentro, aunque todavía se esperan los reportes oficiales consolidados sobre el número de viviendas afectadas, vías dañadas y víctimas.
Colombia está ubicada en una zona de alta actividad telúrica por la interacción de placas tectónicas como la Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. Esto explica la recurrencia de sismos en distintas regiones, especialmente en zonas del Pacífico, el Eje Cafetero y los Andes. El país ha vivido episodios sísmicos devastadores, como los registrados en 1999 en Armenia y en 2015 en varios municipios del Cauca y Nariño, que dejaron lecciones sobre la necesidad de tener protocolos claros de respuesta.
La emergencia económica firmada por el presidente De la Espriella se suma a las acciones iniciales de atención inmediata que se activaron en las horas posteriores al sismo. Con esta figura, el Ejecutivo busca garantizar que la reconstrucción y la asistencia a los damnificados cuenten con financiamiento suficiente y oportuno, en un contexto en el que los recursos ordinarios suelen resultar insuficientes para atender desastres de gran escala.
Para los ciudadanos, la declaratoria tiene efectos prácticos: facilita el acceso a subsidios de vivienda, permite la llegada de ayudas humanitarias y autoriza la destinación de fondos de regalías y del Sistema General de Participaciones hacia la zona de emergencia. También habilita al Gobierno para exonerar temporalmente impuestos en los municipios más golpeados y para coordinar de manera central con alcaldías y gobernaciones.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar tras el anuncio. Sectores del Congreso han pedido que se convoque cuanto antes una sesión de seguimiento para revisar el alcance del decreto, mientras que organizaciones gremiales solicitaron claridad sobre los sectores económicos que podrían resultar más afectados por la parálisis de actividades en las zonas del epicentro.
El siguiente paso será la publicación del texto completo del decreto en el Diario Oficial y la instalación de un Puesto de Mando Unificado que coordine las operaciones de búsqueda, rescate, atención en salud y evaluación de daños. Las autoridades también trabajan en un censo de damnificados que permitirá dimensionar el costo total de la reconstrucción y orientar la inversión de los recursos extraordinarios.