El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, había expresado su intención de tomar posesión en una base militar, una fórmula que rompe con la tradición reciente. La solicitud buscaba un escenario distinto al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde sesiona el Congreso. Según la fuente Primicias, el actual mandatario Gustavo Petro se opuso a esa variante y dejó firme la obligación constitucional de juramentar ante el legislativo.
De fondo está el artículo 114 de la Constitución Política de Colombia. Esa norma dispone que el presidente de la República presta juramento y se posesiona ante el Congreso, en sesión solemne que suele reunir a las tres ramas del Estado, al cuerpo diplomático y a los altos mandos militares. Para que la ceremonia se trasladara a otro escenario haría falta una reforma constitucional, algo que el trámite legislativo no permite agotar antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que De la Espriella debe asumir sus funciones.
La discusión llega en un contexto político crispado por la transición. De la Espriella ganó el balotaje y desde entonces ha sostenido que su gobierno se apoyará en las Fuerzas Militares para enfrentar el crimen organizado y la violencia en regiones apartadas. Petro, en cambio, ha defendido durante su cuatrienio los protocolos civiles y las restricciones al uso militar para tareas de seguridad pública, una línea que trazó desde su programa de gobierno.
Para los ciudadanos, lo que se juega no es solo el lugar de una ceremonia. La forma de posesión es leída como una señal de hacia dónde se inclina el nuevo gobierno en su relación con la Fuerza Pública. Jurar ante los soldados transmite un mensaje de cercanía con la cadena de mando; hacerlo en el Capitolio ratifica la supremacía del poder civil sobre lo militar, principio que el país ha sostenido desde su redacción constitucional.
Sectores del Congreso consultados por la fuente recordaron que cualquier modificación del ritual exige una reforma exprés, algo inviable en los plazos que corren. Voceros del legislativo recordaron que el Salón Elíptico, con capacidad para más de mil personas, ya acogió posesiones tensas, como la de Iván Duque en 2018, y la de Gustavo Petro en 2022, esta última marcada por el atentado con explosivos en la vía que conducía a la Plaza de Bolívar.
La decisión de Petro cierra, al menos de forma inmediata, la posibilidad de una posesión extramuros. El gobierno saliente notificó que cualquier cambio en el protocolo debe pasar por el texto constitucional, no por decreto ni por acuerdo presidencial. La instrucción deja a la organización de la ceremonia en manos del Congreso, que deberá citar a sesión solemne dentro del plazo legal previsto.
Como quedaron las cosas, De la Espriella deberá ajustar su agenda de transición y concentrarse en la logística del 7 de agosto. El nuevo gabinete, los empalmes ministeriales y los mensajes de gobernabilidad se desplazarán ahora al Capitolio, con la presencia del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, los expresidentes que asistan y los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Quedan pendientes varios interrogantes. No se ha informado si el presidente electo insistirá en gestionar una reforma constitucional para futuras posesiones. Tampoco se conoce si la oposición pedirá incluir símbolos castrenses en el juramento, algo permitido por la ley para ciertos grados militares. Por ahora, el calendario sigue corriendo y el país se prepara para una transición constitucional en la fecha prevista.