El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, respondió este lunes a las advertencias formuladas por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre el rumbo de iniciativas presupuestales y legislativas que podrían impactar la independencia y el funcionamiento de ese tribunal, según informó Noticia Zavaleta. La reacción del jefe de State se produce en medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y la JEP por el financiamiento de la justicia transicional.
De La Espriella defendió los ajustes presupuestales propuestos por su administración y cuestionó los recursos que hoy recibe la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque el extracto de la nota no detalla montos específicos, el pronunciamiento del mandatario se inscribe en una discusión más amplia sobre el costo de los tribunales creados en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y sobre las partidas que el Presupuesto General de la Nación debe garantizarles.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue establecida por el Acuerdo Final suscrito entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016 y posteriormente reglamentada por el Acto Legislativo 01 de 2017. Su misión central es investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco del conflicto armado. Además, tramita los casos de quienes comparecen ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El magistrado Alejandro Ramelli asumió la presidencia de la JEP en ejercicio y ha sido una de las voces más visibles del tribunal en la defensa de su autonomía frente a los demás poderes públicos. En sus intervenciones recientes, Ramelli ha reiterado que cualquier modificación presupuestal que comprometa la capacidad operativa de la jurisdicción debe ser analizada con cuidado, pues pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las víctimas del conflicto.
Las declaraciones cruzadas se producen en un momento sensible para la justicia transicional colombiana. Diversos sectores han alertado sobre la acumulación de comparetaciones pendientes, los retrasos en la toma de decisiones y la necesidad de garantizar recursos técnicos, humanos y logísticos suficientes para que los macrocasos abiertos puedan avanzar. La financiación de la JEP depende, en gran medida, de partidas del Presupuesto General y de cooperación internacional.
Para la ciudadanía, el debate tiene efectos prácticos. Los procesos que adelanta la JEP involucran a víctimas de todo el país, excombatientes comparetientes, agentes del Estado y terceros civiles. Cualquier debilitamiento presupuestal, sostienen organizaciones de víctimas, podría traducirse en dilaciones adicionales en la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, reconocidos tanto en la Constitución como en el derecho internacional.
Sectores políticos y académicos han planteado que el choque entre el Ejecutivo y la JEP no es nuevo. Históricamente, otros gobiernos han discutido el costo y el alcance del tribunal, y la Corte Constitucional ha fijado linderos sobre la separación de poderes en materia de justicia transicional. El alcance de los ajustes presupuestales que promueve el gobierno de De La Espriella, y la forma en que el Congreso los trámite, será determinante para el futuro inmediato del tribunal.
Por ahora, el presidente no anunció nuevas medidas concretas en su respuesta, pero dejó clara su postura frente a los recursos asignados a la jurisdicción. Queda por verse si la discusión derivará en modificaciones formales al presupuesto, en observaciones del Ministerio de Hacienda o en pronunciamientos adicionales de la Corte Constitucional y de los organismos internacionales que han acompañado el proceso de paz.