El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó este lunes su estrategia integral de seguridad, un paquete de medidas con el que el gobierno nacional busca enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el país. Según reportó BioBioChile, el anuncio incluyó la directriz de que todo grupo criminal será tratado como terrorista, una categoría que en Colombia tiene implicaciones penales y militares específicas.
La decisión representa un giro en el enfoque de seguridad del Estado colombiano. Al equiparar a las organizaciones criminales con grupos terroristas, el gobierno habilita la aplicación de figuras legales contempladas en la legislación antiterrorista, como la tipificación penal agravada, la restricción de beneficios procesales y el uso de herramientas de inteligencia militar contra estas estructuras.
De La Espriella asumió la presidencia de Colombia en un contexto de creciente preocupación por la presencia de grupos armados ilegales, bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, y economías ilegales que afectan a regiones enteras. La estrategia se inscribe en el cumplimiento del mandato constitucional que asigna a la Fuerza Pública la tarea de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
El tratamiento como terrorista de los grupos criminales no es una figura nueva en el debate colombiano. Durante las últimas décadas, distintas administraciones han discutido si esta categoría resulta proporcional para estructuras que, si bien ejercen violencia sistemática, no siempre persiguen objetivos políticos como las guerrillas tradicionales. Expertos en derecho penal han señalado que la medida exige modificaciones en los tipos penales vigentes para evitar conflictos con el principio de legalidad.
Para los ciudadanos, la medida tiene efectos directos. Las comunidades que han padecido extorsión, desplazamiento forzado o restricciones a la movilidad por cuenta de estas organizaciones esperan que el nuevo enfoque reduzca los indicadores de violencia. Sectores como el comercio, el transporte y la agricultura familiar, históricamente golpeados por el cobro de vacunas y el control territorial criminal, podrían verse beneficiados si la estrategia logra reducir la capacidad de coerción de estos grupos.
Organizaciones de derechos humanos y académicos han planteado reservas sobre el uso extensivo de la figura terrorista. Argumentan que equiparar a bandas criminales con organizaciones terroristas puede restringir garantías procesales, limitar el debido proceso y afectar a poblaciones rurales que, en muchos casos, están en medio del conflicto sin tomar partido. También advierten sobre el riesgo de que la militarización de la seguridad pública profundice la estigmatización de ciertas regiones.
La estrategia integral de seguridad contempla, según lo expresado por el presidente, un componente operativo contra las estructuras criminales, un componente de inteligencia y uno de protección a la población civil. El gobierno no ha detallado aún los plazos, los recursos ni la articulación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y las autoridades territoriales para ejecutar el plan. Tampoco se han precisado los indicadores con los que se medirá su efectividad.
Quedan varios interrogantes sobre la implementación de la medida. Falta conocer cómo se coordinará el nuevo enfoque con la jurisdicción ordinaria, qué papel jugará la Fiscalía General de la Nación en la judicialización de los miembros de estas organizaciones y cómo se protegerá a las comunidades que han vivido bajo el control de los grupos criminales, muchas veces en condición de vulnerabilidad extrema.
El anuncio marca el arranque formal de la política de seguridad del gobierno de Abelardo De La Espriella. Las próximas semanas serán decisivas para observar si la estrategia se traduce en operativos concretos, en resultados medibles y en un marco normativo que respalde la declaratoria realizada por el presidente. La ciudadanía, los organismos de control y la comunidad internacional seguirán de cerca su evolución.