El presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Gobierno colombiano iniciar el proceso de deportación de migrantes que se encuentren en situación irregular en el territorio nacional, según reportó el diario El Comercio de Perú. La decisión incluye también el reforzamiento de los controles migratorios en pasos fronterizos y puestos de control interno.
La orden se conoce en un contexto regional de creciente presión migratoria. Colombia comparte fronteras con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá, y es paso obligado de flujos de personas que se dirigen hacia el sur del continente. Cualquier cambio en la política de migrante del país suele tener efectos en las rutas y en los países vecinos.
Migración Colombia, la entidad encargada de la regulación y el control del ingreso y salida de personas del país, será una de las instituciones clave para ejecutar la directriz. La agencia tiene a su cargo los registros de extranjeros, la expedición de permisos de permanencia y los operativos de verificación en distintas regiones.
La decisión presidencial se produce además en un momento de debate público sobre la capacidad del Estado para atender a la población migrante. Organizaciones de la sociedad civil han planteado en los últimos años la necesidad de regularizar a miles de personas que permanecen en el país sin documentación vigente, mientras sectores políticos han pedido mayor firmeza en los controles.
Para los migrantes irregulares, el anuncio implica un escenario de mayor riesgo de expulsión. En la práctica, una deportación puede derivar en la devolución al país de origen o al punto de ingreso, tras un proceso administrativo en el que Migración Colombia verifica la condición de la persona y notifica la medida.
En las zonas de frontera, el refuerzo de controles puede traducirse en retenes más frecuentes, exigencia de documentos de identidad y permisos de tránsito, y operativos puntuales en municipios con alta presencia de población extranjera. Estas medidas suelen afectar también a colombianos que cruzan a diario para trabajar o estudiar en ciudades vecinas.
El impacto económico es otro frente a observar. En regiones donde los migrantes irregulares se han integrado al mercado laboral informal, un proceso de deportaciones puede alterar oficios como la construcción, la agricultura, el comercio callejero y el trabajo doméstico, de acuerdo con análisis de organizaciones internacionales sobre flujos migratorios en Suramérica.
El Gobierno colombiano no ha detallado por ahora el número de personas que podrían ser afectadas ni los plazos del operativo. Tampoco se han precisado los acuerdos bilaterales con los países de origen que se requerirán para hacer efectivas las deportaciones, un paso indispensable en este tipo de procesos.
La medida queda sujeta al desarrollo de los procedimientos administrativos de Migración Colombia y, en los casos que corresponda, a las decisiones de la justicia contencioso administrativa. Expertos en derecho migratorio consultados en distintas ocasiones han recordado que toda deportación debe respetar el debido proceso y los derechos de las personas, incluidos los derechos de asilo y de no devolución.
Según El Comercio de Perú, esta es la posición oficial del Gobierno colombiano y se enmarca en el inicio de la gestión del presidente de la Espriella. Queda por verse cómo se articulará la orden con la cooperación regional, los acuerdos bilaterales vigentes y la situación de los migrantes que ya tenían solicitudes de regularización en trámite.