El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, y nueve miembros más de la dirección nacional firmaron una declaración en la que se oponen a la redistribución de fuerzas al interior de la CUT. La misiva fue divulgada este martes y en ella los firmantes hablan de una nueva correlación de fuerzas que, según su lectura, estaría orientada a modificar la composición interna del sindicato mayoritario del país.
Según la declaración, recogida por Infobae, la dirigencia de la CUT considera que detrás de esos movimientos está la intención del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de incidir en la dirección de la central. Arias y los demás firmantes sostienen que se está produciendo un intento de tomar la organización, lo que ha encendido las alarmas en un sector acostumbrado a mantener distancia frente al Ejecutivo.
La Central Unitaria de Trabajadores es la confederación sindical más grande de Colombia y agrupa a la mayoría de los sindicatos del país. Por su tamaño y representatividad, cualquier disputa interna en su junta directiva tiene repercusiones directas en la negociación de pliegos laborales, en la interlocución con el Ministerio del Trabajo y en la participación del movimiento obrero en debates como la reforma pensional, la laboral o la negociación del salario mínimo.
El concepto de correlación de fuerzas, habitual en el lenguaje de las centrales obreras, alude al peso político de cada facción al interior de una organización. En la práctica, los cambios en esa correlación pueden traducirse en nuevas mayorías en los congresos, en cambios de secretario general o en modificaciones de la línea política frente al gobierno de turno, lo que hace que las controversias internas tengan efectos sobre la postura pública del sindicalismo.
En los últimos años, la CUT ha vivido tensiones internas entre sectores cercanos a distintos partidos y corrientes políticas. La llegada de un nuevo gobierno suele reactivar esas disputas, porque las decisiones del Ejecutivo en materia laboral y pensional se negocian en parte con la central que tenga mayor capacidad de convocatoria y de movilización en las calles.
La carta de Arias no detalla nombres de los supuestos aliados del gobierno dentro de la CUT, pero sí advierte que la redistribución de fuerzas pretende modificar la representación gremial. Para los firmantes, esa maniobra pone en riesgo la autonomía sindical, un principio recogido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en la legislación colombiana.
Desde el gobierno de Abelardo de la Espriella no se conocieron de inmediato reacciones formales a la denuncia de la CUT. En otras ocasiones, cuando un sindicato mayoritario ha acusado al Ejecutivo de injerencia, la respuesta oficial ha sido negar cualquier intervención y recordar que el gobierno respeta la independencia de las organizaciones de trabajadores.
Para los trabajadores afiliados a la CUT, la disputa tiene efectos prácticos. Una dirección sindical alineada con el gobierno puede facilitar la suscripción de acuerdos en mesas de concertación, mientras que una dirección en oposición tiende a endurecer los pliegos y a convocar jornadas de protesta. La composición de la junta, por tanto, influye en cómo se desarrollan las próximas rondas de negociación con el Estado.
Por ahora, la declaración de Fabio Arias y de los nueve firmantes queda como un pronunciamiento político dentro de la central y como un mensaje directo al gobierno de Abelardo de la Espriella. Queda por verse si la queja prospera en los organismos internos de la CUT y si el Ejecutivo responde de manera formal a lo que la cúpula sindical describe como un intento de tomar la organización.