El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la crisis del sistema de salud colombiano durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores, realizada en Mompox, Bolívar. El mensaje central giró en torno al futuro de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo intervención por parte del Gobierno nacional.
De La Espriella fue directo al señalar que las EPS intervenidas que no demuestren condiciones de viabilidad deberán ser liquidadas de manera ordenada. Con esa frase, el jefe de Estado planteó un criterio claro de diferenciación entre las entidades que pueden salvarse dentro del modelo actual y aquellas que, tras la intervención, no lograron estabilizar sus indicadores financieros, operativos y de atención al usuario.
Las EPS son las encargadas de afiliar a los ciudadanos al sistema de salud y de gestionar la prestación de los servicios a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). En Colombia, varias de estas entidades han enfrentado dificultades recurrentes para cumplir con pagos a hospitales y clínicas, lo que ha derivado en quejas de usuarios por demoras en citas, entregas de medicamentos y autorización de procedimientos.
La intervención es una figura administrativa que aplica la Superintendencia Nacional de Salud cuando detecta problemas graves en la gestión de una EPS. Bajo esa figura, el Estado asume el control temporal de la entidad con el propósito de corregir fallas, sanear deudas y, eventualmente, devolverla a operación normal. La liquidación, en cambio, es el paso siguiente cuando la intervención no arroja resultados.
El anuncio del presidente se produjo ante los gobernadores del país, un escenario relevante porque los mandatarios regionales son veedores directos del funcionamiento del sistema en sus territorios y receptores frecuentes de las quejas ciudadanas. La Cumbre de Mompox reúne a los governors para tratar temas prioritarios de las regiones, y la salud suele ocupar un lugar central en esas agendas.
Para los usuarios, la decisión tiene implicaciones directas. Si una EPS es liquidada, sus afiliados deben ser reasignados a otra EPS que opere en su zona, proceso que en el pasado ha generado traumatismos por cambios de red, pérdida de historiales clínicos y trámites adicionales. Por eso, el énfasis del presidente en una liquidación ordenada apunta a reducir esos traumatismos y a garantizar la continuidad del servicio.
El sistema de salud colombiano ha vivido varios momentos de tensión en los últimos años por la acumulación de deudas entre EPS, IPS y el Estado, por las fallas en la atención y por debates sobre el modelo mismo. En ese contexto, el pronunciamiento de De La Espriella se ubica como un punto de inflexión: el Gobierno define una postura de fondo sobre qué hacer con las entidades que no logren demostrar viabilidad tras la intervención.
Desde el Gobierno también se ha planteado la necesidad de avanzar en reformas estructurales al sistema. Sin embargo, el anuncio en Mompox se concentró en el frente inmediato: poner un punto final a la incertidumbre sobre las EPS intervenidas y trazar un camino ordenado para los casos sin salida. La expectativa ahora está puesta en los plazos y en los criterios técnicos que se aplicarán para evaluar la viabilidad de cada entidad.
La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad competente para ejecutar los procesos de intervención y liquidación, por lo que las decisiones concretas que se deriven del anuncio presidencial deberán formalizarse a través de sus resoluciones. Mientras tanto, los pacientes afiliados a las EPS intervenidas esperan que el proceso, sea de recuperación o de liquidación, no se traduzca en nuevas barreras de acceso a los servicios de salud.