El presidente Abelardo de la Espriella anunció la liberación de un empresario y un menor de edad que habían sido secuestrados por disidencias de las FARC en el departamento del Meta. La operación, según la información divulgada por el Gobierno, estuvo a cargo del Ejército Nacional y se dirigió contra una facción al mando de alias Iván Mordisco, uno de los principales cabecillas de esa estructura ilegal.
El secuestro de civiles con fines económicos ha sido una práctica reiterada de los grupos armados organizados que operan en zonas rurales del país, particularmente en departamentos como el Meta, Caquetá, Guaviare y Cauca. Las disidencias que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016 han mantenido el secuestro extorsivo como una de sus principales fuentes de financiamiento, lo que ha sido señalado de manera reiterada por organizaciones de derechos humanos y por la propia fuerza pública.
En este caso, las víctimas fueron identificadas como un empresario y un menor de edad. La afectación a menores en medio de estos hechos ha sido motivo de especial preocupación por parte de las autoridades, dado que la legislación colombiana prohíbe cualquier tipo de reclutamiento o utilización de niños y niñas por parte de grupos armados, una conducta tipificada como crimen de guerra.
El comandante al que se atribuye el control de la facción que mantenía a los secuestrados, conocido con el alias de Iván Mordisco, ha sido uno de los blancos prioritarios de la fuerza pública en los últimos años. Su estructura, surgida tras la salida de un sector del antiguo secretariado de las FARC del proceso de paz, ha concentrado operaciones en el suroriente colombiano y ha sido vinculada a acciones de narcotráfico, minería ilegal y extorsión.
El departamento del Meta, donde se produjo el operativo, es una región estratégica por su ubicación geográfica y por la presencia de economías ilegales que van desde los cultivos de uso ilícito hasta la extracción minera no regulada. En ese territorio convergen rutas de movilidad armada que conectan los Llanos con el sur del país, lo que ha dificultado históricamente el control territorial del Estado.
El pronunciamiento del presidente De la Espriella se dio en el marco del seguimiento a las operaciones militares que el Gobierno viene adelantando contra las disidencias. Aunque el Ejecutivo no entregó detalles adicionales sobre el operativo ni sobre el estado de salud de las víctimas al momento de la publicación de la información, la confirmación presidencial buscó transmitir un mensaje de acción decidida frente al secuestro.
Para los ciudadanos, este tipo de liberaciones tiene un impacto directo en comunidades rurales que conviven con la amenaza permanente de los grupos armados. El secuestro, además del trauma que genera en las víctimas y sus familias, afecta la actividad económica regional, limita la movilidad de trabajadores y empresarios, y deteriora la confianza en las instituciones, en particular en zonas donde la presencia del Estado es débil.
Organizaciones sociales y de derechos humanos suelen insistir en que las liberaciones, aunque positivas en lo inmediato, deben acompañarse de medidas estructurales que eviten nuevos secuestros. Entre esas medidas se mencionan el fortalecimiento de la fuerza pública en zonas rurales, la protección efectiva a líderes sociales y la desarticulación de las redes económicas que sostienen a los grupos armados.
Queda por conocer el parte completo de las Fuerzas Militares sobre el operativo, las condiciones en que fueron encontrados el empresario y el menor, y si hubo capturas o bajas dentro de la facción de Iván Mordisco. También se espera que las autoridades informen si el caso derivará en investigaciones por otros delitos asociados al secuestro y a la utilización de menores.