El presidente Abelardo de la Espriella presentó un protocolo presidencial que establece los criterios para la intervención de la fuerza pública en las protestas que se registren dentro y alrededor de las universidades públicas. Según reportó Pulzo, el anuncio abrió de inmediato una discusión nacional sobre los límites de la acción estatal en los campus.
La decisión llega en un contexto de tensiones crecientes entre comunidades universitarias y autoridades. Las universidades públicas han sido escenario recurrente de movilizaciones por temas presupuestales, de seguridad y de política educativa. Con este protocolo, el Ejecutivo busca fijar reglas de actuación para evitar tanto el uso desproporcionado de la fuerza como la interrupción prolongada de la actividad académica.
El protocolo introduce criterios para diferenciar entre manifestaciones pacíficas y hechos que puedan configurar delitos o alteraciones graves del orden público. La medida obliga a las fuerzas de seguridad a coordinar previamente con las directivas universitarias antes de ingresar a los recintos, y establece protocolos de gradualidad en el uso de la fuerza cuando la situación lo amerite.
Sectores estudiantiles y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el posible impacto del protocolo sobre la autonomía universitaria, principio constitucional que garantiza la libre gestión de las instituciones de educación superior. Para estas voces, cualquier intervención estatal dentro de los recintos debe pasar por el consentimiento de las autoridades académicas.
En el otro extremo, gremios y sectores políticos que respaldan la medida argumentan que la presencia de vandalismo y bloqueos en las entradas universitarias ha afectado el derecho a la educación de miles de estudiantes ajenos a las protestas. El protocolo buscaría, según sus defensores, restablecer las condiciones mínimas de seguridad sin criminalizar la protesta social.
La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución y desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, establece que las universidades son libres de organizarse y gobernarse por sus propios estatutos. Esta garantía coexiste, sin embargo, con el deber del Estado de proteger la vida, la integridad y los bienes de todos los ciudadanos, incluidos los miembros de la comunidad educativa.
Expertos en derecho constitucional consultados en otras ocasiones han señalado que cualquier restricción a la protesta debe ser proporcionada y justificarse en razones de orden público. El protocolo, por su carácter presidencial, tendrá efectos inmediatos, pero su permanencia dependerá de la respuesta de los tribunales ante eventuales acciones de tutela o demandas de inconstitucionalidad.
Por ahora, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional trabajan en la socialización del protocolo con rectores y representantes estudiantiles. El éxito de la medida dependerá de la capacidad de las partes para distinguir entre el ejercicio legítimo de la protesta y los hechos de violencia que, según Pulzo, motivaron su creación.
Queda pendiente conocer los detalles operativos del protocolo, los indicadores que se usarán para evaluar su aplicación y los mecanismos de veeduría ciudadana que acompañarán su implementación. Las universidades públicas, por su parte, preparan sus propios protocolos internos para coordinar con las autoridades en caso de nuevas jornadas de protesta.