El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que perseguirá "sin cuartel" a los responsables del "desastre" fiscal que, según él, atraviesa Colombia. La declaración fue recogida por El Tiempo y marca uno de los pronunciamientos más fuertes de su gestión en materia económica.
"La crisis fiscal no es un accidente ni el resultado de factores externos, sino responsabilidad del gobierno Petro", aseguró el mandatario, según el extracto de la fuente. Con esa frase, De la Espriella descartó las explicaciones que atribuyen el desbalance de las cuentas públicas a la caída de los precios del petróleo o a choques internacionales.
El déficit fiscal ha sido una de las principales preocupaciones de los analistas durante los últimos años en Colombia. El deterioro de las cuentas públicas incluyó un aumento del gasto, menores ingresos tributarios y una mayor carga por concepto de deuda y servicio de la misma, en un contexto de desaceleración económica.
El anuncio presidencial se inscribe en la tradición de gobiernos que al inicio de su gestión abren investigaciones sobre las decisiones de la administración anterior. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría suelen ser las instituciones llamadas a establecer eventuales responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el manejo de los recursos públicos.
Para los ciudadanos, una crisis fiscal sostenida se traduce en menos recursos para inversión en salud, educación e infraestructura, y en mayor presión tributaria. También puede encarecer el crédito público y llevar a recortes presupuestales en programas sociales, algo que ya se ha visto en años recientes.
En el plano institucional, la anunciada persecución penal a exfuncionarios abre un escenario de investigaciones cruzadas entre la Rama Ejecutiva, los órganos de control y la justicia ordinaria. El alcance real de las pesquisas dependerá de los argumentos jurídicos que presente el gobierno y de la autonomía con que actúen las entidades encargadas.
El gobierno no ha detallado hasta ahora la lista de exfuncionarios ni los expedientes específicos sobre los que abrirá investigación. Tampoco se conocen las denuncias formales que se interpondrán ante la Fiscalía ni el cronograma de las acciones anunciadas.
Sectores cercanos al gobierno Petro han defendido su gestión fiscal y han señalado que la pandemia, la inflación mundial y los choques externos también incidieron en el déficit. Esos argumentos contrastan con la tesis del actual presidente, que apunta a una responsabilidad directa de la administración anterior.
En el Congreso, la discusión del presupuesto y de eventuales reformas tributarias será clave para definir la estrategia fiscal del nuevo gobierno. La manera como se resuelva ese debate condicionará tanto la sostenibilidad de las finanzas públicas como las investigaciones que ahora promete el Ejecutivo.