El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció este 6 de octubre, al cierre de un consejo de ministros, sobre dos frentes que marcan la agenda nacional: la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y las movilizaciones convocadas por la Cric para la semana siguiente.
Según informó El Tiempo, el jefe de Estado anunció una auditoría al Fomag. El Fondo administra las prestaciones de los docentes oficiales y ha sido objeto de reclamos por demoras en pagos y en el reconocimiento de derechos. Una auditoría implica una revisión detallada de sus cuentas, contratos y procesos, paso previo a eventuales decisiones administrativas.
De La Espriella también respondió a la convocatoria de bloqueos que la Cric promueve entre el 11 y el 14 de octubre. El Consejo Regional Indígena del Cauca agrupa a autoridades y comunidades del suroccidente colombiano y ha recurrido a la movilización como forma de presión frente al Gobierno nacional en distintos momentos.
La frase del presidente fue directa: no vamos a negociar bajo presión. Con esa declaración, el Gobierno fija una postura frente a la protesta y condiciona cualquier diálogo con la Cric a que se levanten los bloqueos previstos para esos días.
El consejo de ministros del 6 de octubre sirvió como escenario para alinear al gabinete en torno a dos mensajes: transparencia en el manejo de los recursos del magisterio y firmeza frente a las vías de hecho. La auditoría al Fomag se presenta como el mecanismo para responder a las denuncias de los docentes.
Para la ciudadanía, la decisión tiene efectos prácticos. Los maestros afiliados al Fondo esperan que una auditoría se traduzca en mejoras reales en los tiempos de respuesta y en el pago de prestaciones. Los habitantes del Cauca y de las zonas por donde transitarían los bloqueos, en tanto, enfrentan la incertidumbre de nuevos cierres en las vías.
La convocatoria de la Cric se inscribe en una histórica relación de tensiones entre el Estado y los pueblos indígenas del Cauca, marcada por demandas de tierra, seguridad y cumplimiento de acuerdos. El Gobierno, por su parte, ha sostenido que la protesta pacífica es un derecho, pero que los bloqueos alteran la movilidad y la actividad económica.
Quedan varios puntos por esclarecer. No se conocen todavía los plazos ni el alcance exacto de la auditoría al Fomag, ni los equipos que la liderarán. Tampoco se ha anunciado si habrá un espacio de diálogo con la Cric distinto al de la mesa pública condicionada al levantamiento de los bloqueos.
La fecha resulta clave: la advertencia presidencial ocurre cinco días antes del inicio de las jornadas de protesta. En ese margen, las autoridades indígenas y el Gobierno tienen tiempo para desactivar el paro o, en su defecto, para activar el protocolo de garantías a la protesta y de respuesta institucional.