El presidente Abelardo de la Espriella firmó la autorización para extraditar a cinco exnegociadores del proceso de paz con las antiguas FARC. Tres de ellos ya fueron capturados y los otros dos permanecen prófugos, según informó Noticias RCN. La orden fue girada por tribunales de Estados Unidos, que los requieren por delitos de narcotráfico, lavado de activos y narcoterrorismo.
La decisión marca un giro en el manejo judicial de personas que participaron en la mesa de diálogos. Los exnegociadores se habían acogido en su momento a los acuerdos firmados en La Habana y, en algunos casos, a los beneficios jurídicos derivados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El presidente había reiterado en varias oportunidades su intención de no permitir que exintegrantes de las estructuras criminales usaran el proceso de paz como escudo ante la justicia.
Según la información divulgada, los dos prófugos son solicitados por la justicia estadounidense por cargos que incluyen narcoterrorismo, una figura que vincula el tráfico de drogas con actividades armadas contra la población civil y las instituciones. El lavado de activos, otro de los delitos mencionados, se refiere al proceso de ocultar el origen ilícito de recursos provenientes del narcotráfico.
La medida se inscribe en la política del gobierno colombiano de facilitar la cooperación judicial con Estados Unidos en materia de extradiciones por narcotráfico, una práctica que se mantuvo durante las últimas décadas con independencia del partido en el poder. Colombia y Washington comparten desde hace años una Convención sobre Extradición que permite entregar a nacionales colombianos solicitados por la justicia estadounidense.
La noticia genera repercusiones entre los sectores que defienden los acuerdos de paz y entre quienes piden un endurecimiento de las condiciones para los excombatientes. Organizaciones de víctimas han cuestionado en el pasado que personas acusadas de narcotráfico puedan haber ocupado lugares en la mesa de negociación, mientras sectores del establishment político han reclamado que los acuerdos no se conviertan en un camino para evadir la acción penal.
Para los ciudadanos, el caso reabre el debate sobre el equilibrio entre la justicia transicional y la lucha contra el narcotráfico. La JEP fue creada precisamente para investigar y sancionar los crímenes del conflicto, pero su competencia frente a conductas de narcotráfico ha sido objeto de controversias legales y políticas que aún no se resuelven de manera definitiva.
De La Espriella había advertido durante su campaña que su gobierno no protegería a quienes hubieran delinquido bajo el amparo de los acuerdos. Con esta autorización, el Ejecutivo concreta esa línea y traslada la decisión final sobre los procesados a la justicia estadounidense, que deberá resolver su situación procesal en los próximos meses si las capturas se concretan.
Queda pendiente la ubicación de los dos prófugos, que serían incluidos en circulares de Interpol para facilitar su captura en cualquier país donde sean localizados. Las autoridades colombianas, por su parte, deberán garantizar que el proceso de entrega se ajuste a los protocolos de derechos humanos y al debido proceso establecidos en la normativa vigente.
La extradición de exnegociadores constituye un hecho sin precedentes recientes en la política de paz colombiana y abre un nuevo capítulo en la relación entre los acuerdos de La Habana, la justicia especial y la cooperación internacional contra el narcotráfico. Las reacciones desde distintos sectores sociales y políticos se esperan en las próximas horas.