El presidente Abelardo de La Espriella se pronunció tras el fuerte terremoto que afectó a Colombia y comprometió su presencia directa en la coordinación de la emergencia. En sus declaraciones, recogidas por La Tercera, aseguró que estará al frente de las acciones del Gobierno nacional mientras continúen las labores de atención a los damnificados.
Según el balance entregado por el jefe de Estado, el sismo dejó hasta el momento 111 personas fallecidas. La cifra constituye el dato más grave dentro del reporte oficial y refleja la magnitud del desastre en las zonas impactadas, donde aún se desarrollan operativos de búsqueda y rescate.
El Gobierno también reportó 1.575 viviendas con daños y otras 37 completamente destruidas. A esa destrucción habitacional se suman 61 edificios colapsados, lo que da una idea de la severidad del fenómeno en infraestructura urbana y rural. Los equipos de emergencia trabajan en la evaluación de los inmuebles que aún representan riesgo para la población.
La emergencia también alcanzó al transporte aéreo. Siete aeropuertos del país presentan daños y se encuentran sin operación de vuelos, según confirmó el propio presidente. La interrupción de la conectividad aérea complica el envío de ayuda, el traslado de heridos y la llegada de personal especializado a las regiones afectadas.
De La Espriella instruyó dar prioridad a las operaciones de rescate de víctimas atrapadas entre los escombros. La orden presidencial busca concentrar los recursos humanos y logísticos de las entidades nacionales en la atención inmediata de las personas que aún podrían ser localizadas con vida, antes que en tareas de reconstrucción.
La Presidencia no entregó, en este reporte, estimaciones sobre el número de desaparecidos ni sobre personas heridas que requieran atención hospitalaria. Tampoco se detallaron las regiones específicas donde se concentran los mayores daños, aunque las cifras de viviendas y edificios sugieren afectaciones en zonas densamente pobladas.
El papel del presidente durante una catástrofe natural contempla, según el ordenamiento colombiano, la activación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Esa instancia, que reúne a entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fuerza Pública y los organismos de socorro, se activa bajo directrices de la Casa de Nariño para canalizar la respuesta estatal.
La destrucción de viviendas y el cierre de operaciones en siete aeropuertos tendrán efectos directos en la población. Miles de familias quedaron sin hogar o con residencias comprometidas, mientras que las limitaciones en conectividad aérea retrasan la llegada de ayuda humanitaria, medicamentos y maquinaria pesada necesaria para remover escombros.
Por ahora, el Gobierno enfocó sus anuncios en la fase de emergencia. Quedan pendientes decisiones sobre la declaratoria de desastre económico, la asignación de recursos del presupuesto nacional y la reconstrucción de las zonas devastadas, temas que probablemente se abordarán en los próximos días a medida que se conozcan los daños totales.
El compromiso de De La Espriella de mantenerse al frente de la crisis se produce en un momento crítico para el país. Las próximas horas serán determinantes para el rescate de posibles sobrevivientes y para dimensionar el alcance real de una tragedia que, según las cifras oficiales, ya es una de las más graves recientes en Colombia.