El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó que la Fuerza Pública ejecutó un bombardeo de precisión contra campamentos usados por estructuras armadas ilegales en el departamento del Guaviare. Según el extracto publicado por La Nación, el gobernante calificó la operación como un golpe dirigido contra la infraestructura de estos grupos en una zona selvática del suroriente colombiano.
El Guaviare es uno de los departamentos donde históricamente han operado disidencias de las antiguas Farc y otros grupos armados dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal. La región, bañada por el río Guaviare y cubierta en buena parte por selva, ha sido escenario recurrente de operaciones militares por su condición de corredor estratégico entre los llanos y la Amazonia.
La acción se dirigió, de acuerdo con el reporte, contra un campamento atribuido a alias Calarcá, un mando medio de las disidencias señalado en distintas investigaciones por su papel en la cadena de mando de las estructuras que delinquen en esta zona del país. El alias reapareció en el radar de la inteligencia militar en los últimos años tras el proceso de disidencia surgido después del acuerdo de paz de 2016.
El presidente enmarcó la operación dentro de la estrategia de presión militar sostenida contra los grupos armados que se mantienen al margen de la ley. En su declaración, recogida por La Nación, insistió en que los campamentos bombardeados eran utilizados por estas estructuras para planificar acciones y resguardar a sus integrantes.
Hasta el momento, las Fuerzas Militares no han divulgado el número de bajas, capturas o afectaciones materiales resultado del bombardeo. Este tipo de operaciones suele divulgarse primero desde la Presidencia y luego se complementa con un comunicado oficial del Comando General o del Ministerio de Defensa, en el que se detallan los efectos sobre la estructura objetivo.
Para las comunidades del Guaviare, la zona del bombardeo incluye áreas rurales con presencia de colonos, comunidades indígenas y población campesina dedicada a la agricultura. Las operaciones aéreas en estas regiones suelen generar restricciones de movilidad y, en ocasiones, desplazamientos cuando se desarrollan combates terrestres posteriores.
La confirmación presidencial se produce en un contexto de operativos simultáneos en varios departamentos del sur del país, donde las disidencias han intensificado su presencia y su disputa por el control de rutas de narcotráfico. La respuesta militar se ha centrado en golpes de precisión con aviación y fuerzas especiales, según el modelo operacional que las Fuerzas Militares vienen aplicando desde años atrás.
Queda pendiente el reporte oficial con el balance detallado de la operación, la identificación de los afectados y la verificación sobre la presencia de civiles en la zona. También se espera el pronunciamiento de los organismos de control sobre eventuales daños colaterales, un aspecto sensible en zonas donde habitan comunidades vulnerables.