El presidente Abelardo de la Espriella hizo pública una denuncia sobre el robo mensual de 123.700 barriles de combustibles en Colombia. La cifra, según reportó la Agencia de Periodismo Investigativo, incluye gasolina, diésel y nafta, tanto importados como los producidos por Ecopetrol, la petrolera estatal.
El hurto de combustibles es una práctica que en Colombia tiene larga data y que ha involucrado desde la extracción artesanal en poliductos hasta operaciones a gran escala. Las redes dedicadas a este delito suelen mezclar el producto robado con combustible legal para lavar su origen y distribuirlo en estaciones de servicio o mercados informales.
Ecopetrol, empresa estatal responsable de la refinación y comercialización de buena parte de los combustibles que se consumen en el país, enfrenta de manera recurrente pérdidas por conexiones ilícitas a su infraestructura y por el desvío de cargamentos. La empresa ha reportado en distintas ocasiones afectaciones a poliductos y campos, con riesgos operativos y ambientales asociados.
La magnitud denunciada por el presidente, de 123.700 barriles al mes, equivale a una parte significativa del volumen que Ecopetrol produce o importa, lo que tiene consecuencias directas sobre las finanzas de la empresa y sobre el precio final que pagan los consumidores. Cada barril robado y revendido de manera ilegal deja de ingresar al circuito formal de tributación y venta.
En respuesta a la denuncia, el mandatario ordenó acciones a las Fuerzas Militares. Aunque el extracto de la fuente no detalla cuáles son esas acciones, el marco legal colombiano vigente faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar operaciones de control en infraestructura energética, en coordinación con la Policía y la propia Ecopetrol.
La lucha contra el robo de combustibles suele articularse con otras entidades como la Fiscalía, la Unidad Nacional contra el Lavado de Activos y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), porque detrás del combustible robado hay por lo general organizaciones dedicadas al lavado de dinero y al contrabando. Los controles sobre la cadena de distribución son una pieza clave de cualquier estrategia.
Para los ciudadanos, este tipo de hurto tiene efectos prácticos: puede encarecer el precio de la gasolina y el diésel en zonas afectadas, comprometer la calidad del combustible que llega a los vehículos y aumentar el riesgo de accidentes por el manejo indebido de sustancias inflamables en condiciones no seguras. La percepción de seguridad en las regiones productoras también se resiente.
Queda pendiente conocer el plan concreto que ejecutarán las Fuerzas Militares y los resultados que arroje la denuncia presidencial en términos de capturas, desmantelamiento de conexiones ilícitas y recuperación de los volúmenes robados. También se espera que en los próximos días el Ministerio de Defensa y Ecopetrol entreguen detalles sobre la estrategia y los indicadores de seguimiento.