El presidente Abelardo De La Espriella firmó la derogación de los actos administrativos que nombraban a los delegados del Gobierno Nacional ante las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR). El Ministerio de Ambiente informó la medida como parte del reordenamiento interno de la agenda ambiental del Ejecutivo. La determinación se oficializó en Bogotá el 26 de agosto de 2026.
Según el Ministerio de Ambiente, el objetivo es fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales regionales. Con la derogación se abre el camino para designar nuevos representantes que, en criterio del Ministerio, estén más alineados con la ejecución prioritaria de la Agenda ABC, la hoja de ruta ambiental del actual Gobierno.
La Agenda ABC, presentada dentro del marco de La Patria Milagro, agrupa tres ejes: agua, biodiversidad y comunidades. Pretende conectar las metas ambientales del país con la gestión que ejecutan a diario las CAR, entidades encargadas de administrar los recursos naturales y proteger los ecosistemas en sus respectivas jurisdicciones. La coordinación se hará con el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Las CAR son entidades públicas corporativas de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa y financiera. Administran, dentro de su jurisdicción, los recursos naturales renovables, promueven su uso sostenible y ejercen funciones de autoridad ambiental. Entre sus responsabilidades están el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones, y la formulación de los planes de ordenamiento ambiental regional. Por eso la presencia de delegados del Gobierno en sus consejos directivos resulta clave para alinear políticas nacionales con decisiones territoriales.
La decisión implica un cambio en los interlocutores del Ejecutivo en los 33 consejos directivos de las CAR del país. Los delegados salientes cesan sus funciones una vez se publiquen los actos administrativos de derogación. A partir de allí, el Ministerio de Ambiente queda habilitado para designar a los nuevos representantes del Gobierno ante cada corporación.
Para los territorios, la medida puede traducirse en ajustes en la dinámica interna de los consejos directivos, donde también participan delegados del presidente con voto, representantes ministeriales, gobernadores, alcaldes y sectores productivos. La recomposición de la mesa podría influir en la priorización de proyectos relacionados con cuencas hidrográficas, áreas protegidas, bosques, comunidades étnicas y campesinas, así como en la definición de regalías y proyectos financiados con recursos de tasas ambientales.
Organizaciones ambientales y gremios productivos suelen seguir de cerca la composición de los consejos directivos de las CAR porque en ellos se aprueban instrumentos como los Planes de Ordenamiento de Cuencas, los Planes de Manejo Ambiental de Áreas Protegidas y los permisos para proyectos de infraestructura y extractivos. Un cambio en la representación del Gobierno puede modificar los tiempos de decisión y la orientación técnica de estos debates.
Dentro de los ejes de la Agenda ABC, el agua se enfoca en la protección de cuencas y fuentes abastecedoras, la biodiversidad apunta a la conservación de ecosistemas estratégicos y a la lucha contra la deforestación, y las comunidades buscan la participación efectiva de poblaciones locales y étnicas en la gestión ambiental. La articulación con el SINA, que reúne a las CAR, los institutos de investigación, las entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, es el mecanismo previsto para operativizar la agenda.
El Ministerio de Ambiente deberá ahora publicar los actos administrativos de derogación, abrir los procesos de selección de los nuevos delegados y designarlos formalmente. El pulso de los próximos meses estará en cómo se traduzcan esos nombramientos en decisiones concretas dentro de las CAR, especialmente en regiones con tensiones por el uso del agua, la expansión de la frontera agropecuaria y los proyectos minero-energéticos.