El presidente Abelardo de la Espriella firmará este viernes un nuevo decreto orientado a regular las protestas sociales en Colombia. El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien además ofreció detalles sobre la iniciativa del Gobierno nacional, según reportó el diario El Heraldo.
El decreto se conoce en un contexto de discusión abierta sobre cómo el Estado colombiano garantiza el derecho constitucional a la protesta pacífica y, al mismo tiempo, responde a los episodios de violencia y vandalismo que han marcado varias jornadas de movilización en los últimos años. La redacción de un nuevo marco normativo ha sido una demanda recurrente de distintos sectores, desde organizaciones de derechos humanos hasta gobiernos locales afectados por los desmanes.
El ministro del Interior entregó algunos lineamientos de la iniciativa. Aunque el extracto de la fuente no detalla el contenido punto por punto, Lara explicó que el decreto busca precisar las reglas aplicables a concentraciones, marchas y bloqueos, y establecer protocolos de actuación para las autoridades. El texto definitivo se conocerá tras la firma presidencial prevista para este viernes.
La protesta social es un derecho amparado por la Constitución de 1991 y por tratados internacionales de derechos humanos firmados por Colombia. Cualquier regulación que expida el Ejecutivo debe respetar esos estándares y superar los filtros de la Corte Constitucional, que en pasadas ocasiones ha tumbado apartados de normas similares por considerar que restringían de forma indebida las garantías ciudadanas.
En las últimas décadas, episodios como el paro nacional de 2019 y las jornadas de 2021 dejaron en evidencia las tensiones entre la fuerza pública, los manifestantes y la ciudadanía en general. Sectores productivos, transportadores y comerciantes han reclamado reglas más claras para evitar bloqueos prolongados, mientras que movimientos sociales y defensores de derechos humanos han pedido protocolos que eviten la estigmatización y el uso desproporcionado de la fuerza.
La oposición y varios voceros de la sociedad civil estarán atentos al texto final. La bancada de Gobierno defiende la necesidad de actualizar la normativa para dar seguridad jurídica a la fuerza pública y a los organizadores de las marchas. Sectores críticos, en cambio, suelen advertir que un decreto de este tipo puede terminar criminalizando la movilización si no se acompaña de garantías claras.
El alcance del decreto dependerá de varios factores: el contenido exacto que se publique en el Diario Oficial, las demandas que se radiquen ante la Corte Constitucional y la forma como las alcaldías y gobernaciones lo implementen en sus territorios. Por ahora, la firma del viernes marca el inicio formal de un debate que se extenderá en las próximas semanas.
Queda pendiente conocer el articulado completo, las observaciones que distintos ministerios hayan incorporado y la posición de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Fiscalía. El Gobierno de De la Espriella apostó a un decreto como vía rápida para ajustar la regulación, en lugar de un proyecto de ley que requeriría mayor trámite en el Congreso.