El presidente Abelardo de la Espriella firmó las órdenes de extradición de cinco personas que integraron grupos ilegales y que participaron en los diálogos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro. El anuncio lo reportó El País de Cali, que señaló que los expedientes correspondientes llevaban suspendidos desde el año pasado.
La decisión reactiva trámites que se encontraban en pausa. Según el extracto de la fuente, las órdenes de extradición no habían perdido vigencia, pero su ejecución quedó en suspenso durante 2024 a la espera de una decisión del Ejecutivo. Con la firma del nuevo presidente, los expedientes vuelven a estar activos para que la autoridad competente adelante los procedimientos ante los países que los requieren.
El hecho tiene peso político porque se trata de personas que hicieron parte de las mesas de conversación con el gobierno anterior. La suspensión de las extradiciones suele ser una de las medidas adoptadas para facilitar el diálogo con estructuras armadas, junto con el levantamiento de órdenes de captura o la designación de gestores de paz. La firma del nuevo gobierno marca un cambio de criterio frente a esa política.
En Colombia, la competencia para suspender, reactivar o firmar extradiciones es del presidente de la República, según los artículos 491 y 492 de la Ley 600 de 2000 y las normas concordantes del Código de Procedimiento Penal. El trámite exige concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia y se tramita ante el Ministerio de Justicia. La firma presidencial es el último paso antes de remitir el expediente al país solicitante.
El gobierno de Petro promovió la llamada "ley de sometimiento" y varios decretos orientados a suspender órdenes de captura y extradición de integrantes de grupos ilegales que se acogieran a conversaciones de paz. Esas medidas fueron la base sobre la cual los ahora extraditados participaron en los diálogos. Con el cambio de administración, la nueva Casa de Nariño ha tomado distancia de varios de esos lineamientos.
Para los ciudadanos, el hecho tiene implicaciones en dos frentes. Primero, en el curso de los procesos judiciales que la justicia colombiana adelanta o dejó de adelantar sobre estas personas, pues la firma reactiva el trámite internacional. Segundo, en la política de paz territorial, porque redefine qué tipo de garantías tendrán los integrantes de grupos armados que se sienten a negociar con el Estado colombiano bajo el actual gobierno.
La fuente consultada no detalla los nombres de los cinco extraditables ni los países que pidieron su entrega. Tampoco precisa las estructuras ilegales a las que pertenecieron ni el estado actual de los procesos judiciales en Colombia. El País de Cali señaló que el Ejecutivo actuó de manera inmediata una vez revisó los expedientes suspendidos.
Queda pendiente conocer los nombres de los afectados, los delitos específicos que se les imputan en el exterior y la respuesta de los países que los reclamaban. También se desconoce si alguno de ellos permanece privado de la libertad en Colombia o si se entregó de manera voluntaria. La Corte Suprema de Justicia tendrá que pronunciarse sobre los conceptos pendientes en cada caso.