El presidente Abelardo de la Espriella firmó 73 solicitudes de extradición de ciudadanos colombianos requeridos por autoridades extranjeras, según informó La FM. La cifra corresponde a un paquete de trámites que el Ejecutivo colombiano debe suscribir para que los pedidos de otros países avancen en Colombia.
Al referirse al tema, el jefe de Estado fue directo: "Cero contemplaciones con el crimen organizado y el narcoterrorismo", declaró el mandatario, según recogió La FM. Con esa frase resumió la línea que, dijo, guiará el resto de su gobierno en materia de seguridad y cooperación judicial internacional.
La extradición es una herramienta central de la justicia colombiana desde hace décadas. Permite que colombianos investigados o condenados en el exterior sean entregados a las autoridades del país que los requiere, siempre que se cumplan los requisitos que establece la Constitución y la ley.
El trámite empieza en la Corte Suprema de Justicia, que debe conceptuar sobre la legalidad de la solicitud. Luego pasa al presidente, a quien le corresponde firmar o negar la extradición. Sin esa firma, el proceso no puede completarse, así que la decisión presidencial es el último filtro dentro del país.
En los últimos años, las extradiciones han sido una pieza clave de la política de seguridad. Dirigentes de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a otras actividades ilícitas han sido entregados a cortes de Estados Unidos y de otros países que los requieren por delitos como tráfico de drogas, lavado de activos y concierto para delinquir.
El anuncio del presidente ocurre en un contexto en el que las autoridades han reforzado la presión sobre las estructuras criminales que delinquen en varias regiones del país. Sectores como el suroccidente, el nororiente y el bajo Cauca han sido escenario de operaciones contra organizaciones que financian economías ilegales.
Para los ciudadanos, este tipo de decisiones tiene efectos directos. Por un lado, busca debilitar a los cabecillas de redes dedicadas al narcotráfico. Por otro, las extradiciones son vistas por las víctimas como una vía para que los procesos penales en el extranjero lleguen a sentencias, algo que en Colombia muchas veces se demora o no ocurre.
En materia de cooperación con Estados Unidos, el flujo de extradiciones se ha mantenido constante desde la implementación del proceso en la década de los noventa. Washington es, por mucho, el país que más pedidos de extradición presenta contra colombianos, y buena parte de los trámites firmados en los últimos gobiernos han terminado en entregas a cortes federales.
La frase del presidente sobre el crimen organizado y el narcoterrorismo refleja el tono de su discurso frente a estos grupos. Aunque no hay una definición legal única de narcoterrorismo en la legislación colombiana, el término suele usarse para describir a organizaciones que financian actividades ilícitas y recurren a la violencia contra la población.
Por ahora, la cifra de 73 extradiciones se conoce por el reporte de La FM y no ha sido desglosada públicamente. Tampoco se ha informado de cuántos de esos colombianos ya fueron entregados o cuántos siguen a la espera de que las autoridades extranjeras cumplan los requisitos para hacerse cargo de ellos.