El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el inicio del desmonte oficial de la política de paz total, la estrategia central del gobierno anterior de Gustavo Petro para negociar con grupos armados y organizaciones criminales. El anuncio marca un giro en el enfoque del Ejecutivo frente al conflicto interno y la seguridad ciudadana.
De La Espriella sostuvo que la estrategia de su antecesor fue un fracaso. En sus declaraciones, recogidas por Revista Semana, insistió en que los resultados obtenidos durante la vigencia de la paz total no respondieron a los objetivos planteados en materia de seguridad y reducción de la violencia.
La paz total fue la bandera del gobierno de Petro desde su llegada a la Casa de Nieves en 2022. Se trató de un marco de negociaciones simultáneas con distintos grupos armados, entre ellos el ELN, disidencias de las FARC y organizaciones criminales como el Clan del Golfo, bajo el argumento de avanzar hacia una solución dialogada del conflicto.
Críticos de la política, incluyendo voces militares y de oposición, habían señalado que la estrategia no logró reducciones sostenidas en indicadores como secuestro, extorsión y asesinatos de líderes sociales. Sectores defensores del diálogo argumentaban, en cambio, que el proceso necesitaba más tiempo y voluntad por todas las partes.
Con el desmonte, el nuevo gobierno abre espacio para una política de seguridad con un enfoque distinto. El presidente no detalló en el extracto disponible los pilares específicos de la nueva estrategia, pero su declaración marca el fin del esquema de negociación simultánea que caracterizó al gobierno anterior.
La decisión tendrá repercusiones directas en las mesas de diálogo activas. Grupos que participaban en negociaciones con el Estado colombiano deberán redefinir su interlocución con el nuevo gobierno, mientras que las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública podrían ver cambios en la orientación de sus operaciones.
Para la ciudadanía, el cambio de política se traduce en expectativas sobre indicadores sensibles: orden público en regiones afectadas por la presencia de grupos armados, protección de comunidades vulnerables y respuesta estatal frente a hechos de violencia que han marcado la agenda nacional en los últimos años.
Queda por verse cómo se articulará la transición entre ambos esquemas y bajo qué condiciones se mantendrán, suspenderán o renegociarán los acercamientos con los distintos actores armados. El gobierno de De La Espriella anunció que en los próximos pasos presentará los lineamientos concretos de su nueva política.
La cobertura de este anuncio corresponde a Revista Semana, fuente citada para la elaboración de este artículo.